Modelo de estado en la zona sublevada en la guerra civil

(La evolución política en la zona nacional)

La organización de la zona sublevada: la Junta de Defensa Nacional

La muerte del general Sanjurjo, en un accidente aéreo ocurrido en Lisboa el 20 de julio de 1936, descabezó el movimiento. Los generales golpistas se reunieron en Burgos el día 24 y constituyeron la Junta de Defensa Nacional. La Junta restableció la bandera roja y amarilla y extendió el estado de guerra a todo el territorio, declarando la ley marcial.            Los derechos civiles fueron suprimidos. Se prohibieron las reuniones políticas, se estableció una rígida censura de prensa, se disolvieron todos los partidos y sindicatos del Frente Popular y se incautaron sus bienes. También los partidos que habían colaborado con el golpe vieron drásticamente limitada su libertad de acción. Sólo la Falange y los requetés continuaron su actividad.         Desde el punto de vista ideológico, el aparato de propaganda del nuevo régimen inició una campaña para presentar la rebelión como un <<alzamiento nacional>>, un movimiento popular contra la <<República marxista>>. Adoptaron el nombre de nacionales, que la prensa internacional transformó en nacionalistas. Se negó que fuera una guerra civil, al presentar al otro bando como <<antiespañol>> y a la República como un Estado detrás del cual había una conspiración de Moscú para establecer el comunismo.                 En la justificación del golpe y del nuevo Estado tuvo un papel primordial la Iglesia, la mayor parte de cuya jerarquía apoyó la conspiración y presentó la lucha como una <<cruzada>>.

La economía de guerra

La implantación de un poder militar permitió establecer la economía de guerra desde el principio. Se cancelaron todas las medidas de reforma agraria. Se estableció una prestación person de los campesinos para garantizar la recogida de las cosechas. En 1937, se creó el Servicio Nacional del Trigo, con el fin de comprar toda la producción a un precio oficial para distribuir los excedentes. Gracias a ello, no hubo escasez.             El mismo dirigismo marcó la política financiera. La Junta recabó desde el principio la ayuda de la oligarquía económica, que durante toda la guerra financió al Gobierno de Burgos. Para poder atender los gastos de guerra, se estableció una Junta que autorizó la emisión de moneda. También se endeudó al futuro Estado con compras masivas a crédito de material de guerra alemán e italiano. Al mismo tiempo se declaraba ilegal la exportación de oro ordenada por el Gobierno republicano.

El ascenso de Franco y su significado

El apoyo personal de Alemania, el peso del Ejército de África y el éxito de las primeras operaciones en Extremadura convirtieron a Franco en el más influyente de los generales sublevados. Pronto se planteó la necesidad de establecer un mando único y sus compañeros decidieron dar a Franco la jefatura. El 1 de octubre tomó posesión en Burgos como <<jefe de Gobierno del Estado español>>, en teoría un nombramiento que debería tener vigencia el tiempo que durara la guerra.                La elección de Franco significó el establecimiento de una dictadura personal y un régimen militar en el que Franco acumulaba todo el poder. Se constituyó una Junta Técnica de Estado, compuesta casi exclusivamente por militares, para asesorarle, pero en la práctica las decisiones las tomaba el Caudillo (nombre que aparece poco después).              El fracaso en la conquista de Madrid obligó a iniciar un lento pero continuo proceso de institucionalización, al hacerse evidente que la lucha se iba a prolongar. Se ha sostenido que esa prolongación de la guerra, además, fue suscitada por el propio Franco, con el doble objetivo de exterminar sistemáticamente al enemigo, y también de afirmar su poder dentro de la España nacionalista. De hecho, su dirección militar fue minuciosa y lenta, a menudo exasperando a los otros jefes militares. Tampoco puede negarse que la represión de los vencidos fuera igualmente exhaustiva.

El Decreto de Unificación y la configuración del nuevo Estado


En enero de 1937, llega al círculo de Franco de su cuñado, Ramón Serrano Súñer. En abril de 1937 el llamado Decreto de Unificación creaba un partido único, Falange Española Tradicionalista de las JONS. La jefatura del Caudillo quedó rígidamente establecida, con una Junta Política y un Consejo Nacional como órganos del partido, pero a título consultivo.              El nuevo partido seguía a rajatabla el modelo del fascismo italiano y del nazismo alemán. Sus estatutos fijaban como objetivo básico ayudar en la configuración del nuevo Estado, definido como <<Movimiento Nacional>>. Se crearon una organización sindical del tipo vertical y corporativo, un sindicato estudiantil único, el SEU, y el Servicio Social de la Mujer.              Las primeras leyes se orientaron a asentar con firmeza el régimen totalitario. La Ley de Administración Central del Estado de 1938 concentró en la persona de Franco plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Se formó el primer Gobierno, cuyos ministros quedaban obligados a jurar fidelidad al Caudillo. La Ley de Prensa estableció la censura y puso límites muy restrictivos a la información. El Fuero del Trabajo eliminaba toda organización patronal o sindical ajena al Movimiento y regulaba las relaciones laborales desde la tutela del Estado. Los servicios sociales fueron eliminados y sustituidos por el Auxilio Social.          

La Iglesia recibió su recompensa por el apoyo a la <<cruzada>>. El nuevo régimen se declaró confesional y entregó a la Iglesia plena potestad para regular la educación y marcar con una impronta religiosa todas las manifestaciones públicas de carácter civil o militar. Se fijó un sueldo para los sacerdotes, se permitió el retorno de la Compañía de Jesús, se eliminaron el matrimonio civil y el divorcio, y la Iglesia quedó exenta de impuestos. La identificación entre el nuevo Estado y la Iglesia pronto dio lugar a un nuevo término, el nacional-catolicismo.             El carácter totalitario del nuevo Estado se culminó con el restablecimiento legal de la pena de muerte y la Ley de Responsabilidades Políticas, que declaraba rebeldes a todos cuanto se hubieran opuesto al Movimiento y apoyado, por acción u omisión, a la <<subversión roja>>.

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