LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL ENTRE 1833 Y 1869
Entre 1833 y 1869 se produce en España un proceso de modernización irreversible que afecta a todos los órdenes de la vida: se configura una monarquía constitucional, inspirada en los principios liberales, se sientan las bases de una economía capitalista y, como consecuencia, se estructura una sociedad de clases.
Este periodo coincide con el reinado de Isabel II, hija de Fernando VII que accede al trono, con tres años, tras la muerte de su padre en 1833. Se inicia así un conflicto dinástico por la sucesión al trono, que derivará en una Guerra Civil entre carlistas (defensores de Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando VII, y del absolutismo) e isabelinos (partidarios de Isabel
II y defensores del liberalismo).
Este enfrentamiento será identificado como guerras carlistas. El carlismo es la corriente ideológica, política y militar caracterizada por su antiliberalismo, niega la soberanía nacional y defiende el sistema foral frente a la centralización liberal.
Los carlistas encontrarán apoyo en el medio rural, en los artesanos, la pequeña nobleza y el bajo clero, se extendíó por la mitad norte del país. Estas acaban con pérdidas económicas, el reforzamiento de la presencia de los militares en la vida política y con el triunfo de los liberales, posibilitando la transformación de la antigua monarquía absoluta en monarquía constitucional.
Políticamente el reinado de Isabel II está marcado por los siguientes periodos:
Regencias y Guerra Civil (1833-1843), resaltando las primeras actuaciones liberales como desamortizaciones, división provincial y la constitución progresista 1837; Década Moderada (1844-1854), donde se consolidan los rasgos que caracterizarán la relevante de la monarquía, el ejército y los partidos políticos en el gobierno de Isabel II (1843-68); Bienio progresista (1854-56), implantado a raíz de un pronunciamiento militar caracterizado por el segundo proceso desamortizador y la constitución non nata de 1856;Uníón Liberal (1856-1863) destacó por la aprobación de leyes que configuraron un nuevo sistema administrativo, un gran crecimiento del estado y de la administración pública. Desde 1863 hasta 1868, las crisis económicas y el incremento de los problemas políticos marcarán el final del reinado de Isabel II.
Sin embargo, la consolidación de un sistema político parlamentario representativo no fue fácil, los obstáculos con los que nos encontramos son: El sufragio censitario y la manipulación de las elecciones (designación real del presidente al convocar elecciones, sin olvidar el clientelismo) dejaban el sistema político en manos de una minoría de propietarios.
El predominio de la tendencia conservadora del partido moderado (integrado por las élites sociales más adineradas del país, oligarquía terrateniente, nobles, altas jerarquías del ejército y administración, partidarios de un poder ejecutivo con amplios poderes, soberanía compartida (Rey y Cortes), cortes bicamerales (Senado elegido por la corona), poderes locales controlados (centralismo estatal, elegido por el Rey), sufragio censitario, limitación de derechos individuales y colectivos (prensa, reuníón…) , propiciado por el apoyo de la reina, quien intentaba excluir a los progresistas (integrado por la burguésía financiera e industrial y apoyada por clases medias urbanas defiende soberanía nacional, cortes bicamerales (Senado electivo y, descentralización (elección popular de poderes locales), sufragio censitario (más amplio), defensa de los derechos y libertades…).
La monarquía, poseía amplios poderes ejecutivos y una amplia participación en el legislativo, Esto hizo que tuviera un papel decisivo en la vida política, nombra y destituye ministros, convoca, suspende y disuelve las Cortes, se introduce en las competencias de las mismas, a través del Decreto Real, excluye. En definitiva, los gobiernos se basaban más en la confianza regia que en la mayoría parlamentaria.
El importante papel de los militares, ya que actuarán como árbitros y ejecutores de la vida política, reforzado, por la persistencia de las guerras que les otorgaron gran protagonismo y por la ausencia de fortaleza de la sociedad y de los poderes civiles (corrupción, ausencia de base popular de apoyo al liberalismo, inestabilidad política…) Todo esto “legitimó” los pronunciamientos militares, como acceso al gobierno (1836, 1840, 1843, 1854 y 1868). Incluso llegaron a presidir (Espartero, Narváez, O’Donnell…).
Esta situación es un reflejo de la incapacidad de la corona y de los partidos políticos (moderados, progresistas, uníón liberal…) para establecer una alternancia política pacífica y debilidad del sistema parlamentario.
Las transformaciones económicas van de la mano de los cambios políticos y de ese deseo modernizador del país, se diferencian dos momentos: hasta 1844 el cambio se dirige a la desarticulación del Antiguo Régimen y el establecimiento de la propiedad privada y el libre mercado. Mediante las medidas desamortizaciones (la eclesiástica de Mendizábal (1836) y la civil de Madoz (1855)), las causas de estas no fueron solo liberar la propiedad vinculada, también fue las necesidades monetarias ante la elevada deuda pública y los gastos de la Guerra Civil. A esto hay que sumar la desaparición de señoríos y mayorazgos, libertad de cercamiento de tierras, libre comercialización del grano, libertad de precios…
Entre 1844 y 1868 los cambios se materializan en la modernización; la construcción de la red ferroviaria, la aparición de la banca, el nuevo sistema monetario y los focos industriales (vasco y catalán). Sin embargo, a pesar del protagonismo que asumíó el Estado español en regular, proteger e intervenir en las decisiones económicas y fiscales (suplir el impulso empresarial privado) resultó un fracaso, ya que no se consiguió la modernización de Europa, España a finales del Siglo XIX sigue siendo un país agrario. Paralelos están los cambios sociales, en el último tercio del XIX, la sociedad de clases basada en la riqueza y propiedad hizo que parte de la población acabar con la tierra y se experimentara la explotación industrial.
Como conclusión podemos hablar de un estado liberal marcado por: la inestabilidad política (derivada de los cambios de gobierno y la implantación de nuevas constituciones); una permanencia de los moderados en la política española (inclinación permanente de la reina hacia los moderados con la exclusión de los progresistas) ; el retraso económico unido al descontento social, el régimen isabelino excluye a una gran mayoría del país de la vida política sin olvidar las crisis económicas y el malestar que provocan.
Los problemas se incrementan a partir de 1866 desencadenándose una serie de crisis que traerán consigo la revolución de 1868 “La Gloriosa”, que pondrá punto final al reinado de Isabel II.