3.1. El segundo gobierno de la UCD
Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para Marzo de 1979. El triunfo fue de nuevo para la Uníón de Centro Democrático, que presidía Adolfo Suárez. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea diseñada por los Pactos de la Moncloa, que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1980). Sin embargo, no se emprendíó una política de reformas de la estructura productiva porque la vida política era la prioridad del gobierno. El ejecutivo se mostró inestable, tuvo que hacer frente a sucesivos cambios ministeriales. A los problemas internos del partido gobernante se añadió su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas, celebradas en Abril de 1979, a partir de las cuales se constituyeron ayuntamientos de izquierdas en las grandes ciudades. Situación similar se produjo en las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña (Marzo de 1980.
La oposición ganaba fuerza y se beneficiaba del malestar social y político así como de la crisis interna de la UCD. En Mayo de 1980, el poder ejecutivo tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes, que ganaría el gobierno con escaso margen. A partir de aquel momento, la actividad gubernamental y diversas reformas se paralizaron. Ante el fraccionamiento de la UCD y el cuestionamiento de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del partido el 29 de Enero de 1981
3.2. El Golpe de Estado del 23-F
La principal amenaza al sistema democrático provénía fundamentalmente de la pervivencia en el estamento militar de sectores hostiles al proceso democrático.
El 23 de Febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de Diputados la votación de investidura de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpíó en el hemiciclo, interrumpíó la votación por la fuerza y retuvo a todos los diputados. Paralelamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques a la calle para imponer un Golpe de Estado militar que cambiase el rumbo de la política española. Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes, pero en todos ellos había una clara intención de paralizar el proceso democrático y otorgar al ejército un papel relevante en el gobierno que debía constituirse posteriormente. La comparecencia del rey en televisión, la misma noche del 23 de Febrero, descalificando a los sublevados y apoyando el régimen constitucional fue decisiva para abortar el golpe. El 27 de Febrero multitudinarias manifestaciones en defensa de la democracia recorrieron las calles de las ciudades españolas.
3.3. El declive de la UCD
Dos días después del golpe, Leopoldo Calvo Sotelo fue nombrado nuevo jefe del gobierno. Prácticamente su política no se diferenciaría de la anterior de Suárez y la labor legislativa siguió adelante. El gobierno firmó con las organizaciones empresariales y sindicales el Acuerdo Nacional de Empleo, para contribuir, desde el mundo laboral, a la estabilidad democrática tras la intentona golpista. Asimismo, la Ley de Divorcio, a la que se opónían los grupos democristianos de la UCD, fue aprobada en Abril de 1981, pero la Ley de Autonomía Universitaria fue retirada.
Una de las decisiones más trascendentales del gobierno fue la petición de ingreso de España en la OTAN, que se hizo efectiva el 30 de Mayo de 1982, pero se opusieron los partidos de izquierda.
El PSOE manifestó su voluntad de someter la cuestión a referéndum si alcanzaba el poder. Además, las reticencias provocadas por la amplia descentralización del Estado español comportaron un pacto entre la UCD y el PSOE,
que llevó a la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) el 30 de Junio de 1982, con el objetivo de impedir que fueran desbordados los límites de los poderes entregados a las autonomías.
Sin embargo, Calvo Sotelo no consiguió frenar la progresiva desintegración del partido en el gobierno ni alcanzar un entendimiento razonable con Adolfo Suárez y sus seguidores. Suárez abandonó la UCD para crear su propio partido, el Centro Democrático y Social. El 28 de Agosto, el presidente Calvo Sotelo decidíó disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Las elecciones generales de Octubre de 1982, que dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español, marcaron el final del proceso de transición y dieron inicio a una nueva etapa constitucional de consolidación definitiva del régimen democrático en España.
5.1. La etapa de gobierno socialista (1982-1996)
En las elecciones de Octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo la mayoría absoluta. Felipe González fue elegido presidente del gobierno y el PSOE se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas. La mayoría absoluta se renovó en las elecciones de 1986 y 1989, pero no así en 1993 cuando el PSOE tuvo que buscar el apoyo de otros partidos para poder gobernar.
En 1982, con un censo de 26,8 millones de votantes y una asistencia a la urnas del 80 % del electorado, el PSOE obtuvo 10 millones de votos y Alianza Popular, la mitad. El tercer partido en número de escaños fue Convergéncia i Uníó.Por detrás se situaron la UCD, que acabó despareciendo poco después, y el Partido Comunista de España, que promovería una federación con el nombre de Izquierda Unida (IU). El principal partido de la oposición pasó a ser Alianza Popular.
El proceso reformista
El cambio socialista se concretó en un amplio programa de reformas cuya prioridad era la lucha contra la crisis económica, la racionalización de las administraciones públicas y el avance hacia el Estado del bienestar. Para reactivar la economía se tomaron medidas dirigidas a garantizar la estabilidad financiera, reducir la inflación y estimular la inversión privada. La reconversión industrial fue un proceso de adaptación de los sectores productivos a las exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Permitíó su saneamiento financiero y su adaptación tecnológica, pero provocó la reducción de la capacidad industrial y del empleo. El cierre de empresas y el aumento del paro desencadenaron importantes conflictos laborales como el de Altos Hornos del Mediterráneo (Sagunto) y de los de los astilleros de Galicia, Andalucía y País Vasco. Las reformas económicas estuvieron acompañadas de reformas sociales. Cabe destacar la despenalización de ciertos supuestos del aborto y, sobre todo, la reforma educativa con la Ley de Reforma Universitaria (1983), que reconocía la autonomía de las Universidades y con la LODE (1985), que extendíó la educación gratuita hasta los 14 años. En 1990, una nueva ley de educación, la LOGSE, prolongó la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años. El Estado de las Autonomías se consolidó, pero la distribución de poderes y competencias entre las Comunidades y el Estado central presentó algunas dificultades. En 1983, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos de la LOAPA. La ley fue derogada y con los artículos válidos se aprobó la Ley del Proceso Auto-nómico (LPA).
La plena integración de España en la Comunidad Económica Europea era uno de los objetivos prioritarios del programa socialista. El 12 de Junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE con el consenso de todos los partidos. Con su incorporación el 1 de Enero de 1986 se había alcanzado uno de los grandes hitos pendientes de la historia española más reciente.
Por otro lado, el gobierno socialista tuvo que hacer frente al terrorismo de ETA, y a la vez emprender una reforma del ejército para acabar con el peligro del golpismo. La reforma militar consistíó en reducir gradualmente la plantilla del ejército y sujetarlo al poder civil. Asimismo, para abordar el problema terrorista se propició el Pacto de Ajuria Enea (1988) con todas las fuerzas políticas democráticas vascas contrarias al terrorismo.
El desgaste del gobierno
Las reformas económicas de los primeros gobiernos socialistas habían supuesto un deterioro de las relaciones entre los sindicatos y el gobierno. A la fuerte oposición de CC 00 a algunas de las medidas del gobierno, se uníó en 1988 la UGT. El resultado fue la convocatoria de una huelga general el 14 de Diciembre de 1988, que se celebró con notable éxito de participación. Por primera vez, un sindicato socialista, la UGT, figuraba como inspirador de una huelga frente a un gobierno del mismo signo político. Como respuesta a la grave situación de tensión, el gobierno respondíó con una serie de medidas sociales y laborales entre 1990 y 1995: se universalizó la asistencia sanitaria gratuita, se fortalecíó el sistema de protección contra el desempleo y se consolidó y garantizó el sistema público de pensiones, mediante el Pacto de Toledo. Pero a principios de la década de 1990, las trayectorias del partido y del sindicato socialistas empezaron a divergir y dentro del partido surgieron disensiones entre los dos grandes líderes socialistas, Felipe González y Alfonso Guerra, que llevaron a la aparición de dos corrientes políticas: la de los renovadores (los seguidores de González) y la de los guerristas. La situación más grave se produjo a raíz de algunos casos de corrupción atribuidos a personas vinculadas con el gobierno. A la corrupción se sumó la llamada «guerra sucia» contra el terrorismo. Además, se inició hacia 1992 una recesión económica de carácter mundial que comportó un incremento de la inflación y del paro. Por una parte, la crisis frenó la popularidad del gobierno socialista; por otra, el PSOE acusaba las huellas de la corrupción, las divisiones internas y el debilitamiento del liderazgo de Felipe González.
5.2. Los gobiernos del Partido Popular
Las elecciones de Marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular, aunque en número de votos hubo una escasa diferencia con el PSOE. José María Aznar fue elegido presidente del gobierno, pero al no tener mayoría absoluta, tuvo que buscar el apoyo de las formaciones nacionalistas (CIU, PNV y Coalición Canaria).
La legislatura en minoría
La acción de gobierno del Partido Popular tuvo una orientación centrista para mantener el apoyo de sus socios nacionalistas. José María Aznar fijó como tarea principal la política económica, teniendo en cuenta que la crisis de 1992 había frenado el crecimiento de la economía española, con la más alta tasa de paro de la Europa industrializada. El mayor logro económico fue alcanzar las condiciones que exigía la Uníón Europea para el ingreso de España en el primer grupo de países que habrían de implantar el euro como moneda única en el año 2002. Para ello se llevó a cabo una enorme operación de privatización de empresas públicas, que permitíó recaudar lo suficiente para equilibrar el déficit de las cuentas del Estado.
Una de las cuestiones más complejas que tuvo que afrontar el gobierno fue su relación con el Partido Nacionalista Vasco y su actuación frente al terrorismo de ETA. Después de una primera etapa de entendimiento entre el gobierno y el PNV, el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, cambio notablemente la situación. Las movilizaciones de protesta adquirieron un carácter masivo y de fuerte denuncia no sólo contra la ETA sino contra el entorno político abertzale. Los partidos nacionalistas interpretaron que se estaba produciendo un frente de los partidos no nacionalistas y decidieron un cambio de alianzas, que condujo a la sustitución del Parto de Ajuria Enea por el Pacto de Lizarra, en 1998, que incorporaba a la izquierda abertzale y excluía todo acuerdo con los partidos no nacionalistas. De esta forma se acentuó la polarización de la política vasca.
El gobierno en mayoría
Las elecciones legislativas del año 2000 adjudicaron al Partido Popular la mayoría absoluta en el Parlamento. El segundo mandato del PP se caracterizó por la buena situación económica, pero el ejecutivo gobernó de forma distinta. Al contar con mayoría absoluta, pudo desarrollar su programa sin cortapisas y modificar sensiblemente la legislación de la etapa socialista, elaborando una serie de nuevas leyes entre los años 2000 y 2002: la Ley de Extranjería, que regulaba la entrada y estancia en España de los extranjeros; la Ley Orgánica de Universidades, que reducía la autonomía universitaria; la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que reestructuraba las enseñanzas medias y la Ley de Partidos, que ilegalizaba a los partidos que no condenasen explícitamente el ejercicio de la violencia para la consecución de sus fines políticos. Otra medida fue la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional, que acabó siendo aprobado en el año 2001.
El PP también tuvo que hacer frente a cuestiones que levantaron una gran polémica social y erosionaron su gobierno. Entre éstas cabe citar el Plan Hidrológico Nacional, que prevéía grandes trasvases de agua de unas cuencas fluviales a otras (del Ebro al Segura, la mayor de ellas) y el desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas. Además, la imposición de una reforma del subsidio de paro sin haber previamente negociado con los sindicatos provocó una nueva huelga general el 20 de Junio de 2002, cuyo éxito significó su retirada.
El gobierno Aznar protagonizó un giro importante en la política internacional española al alinearse con la política exterior norteamericana. De este modo, España dio su apoyo a la invasión de Irak -que no contaba con el beneplácito de la ONU- como respuesta a los atentados de Nueva York de 2001. La oposición de la opinión pública española a la intervención militar se hizo patente en la proliferación de manifestaciones contrarias a la guerra.
Para las elecciones de 2004, José María Aznar propuso una renovación en la candidatura a la presidencia del gobierno eligiendo a Mariano Rajoy. Pero el 11 de Marzo, tres días antes de las elecciones, el estallido de diez bombas en diversos trenes de las cercanías de Atocha en Madrid alteraría dramáticamente la campaña electoral. En un primer momento, el gobierno atribuyó los atentados del 11-M a ETA, cuando muchas pistas indicaban una orientación islamista vinculada a la organización terrorista Al-Qaeda. La campaña electoral quedó suspendida y se desató una «guerra informativa» en cuyo fondo estaba latente la responsabilidad del gobierno por haber apoyado una guerra en contra de la voluntad de la mayoría de los españoles.
5.3. Los socialistas, de nuevo en el poder
La jornada electoral se celebró el 14 de Marzo de 2004 en un ambiente político profundamente sacudido por el atentado terrorista de Madrid. Las previsiones que auguraban una nueva victoria del Partido Popular no se cumplieron, el PSOE consiguió un mayor número de votos y José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno.