La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España por Godoy en 1798 y acabado en 1924. La economía española del siglo XIX se caracterizó por un crecimiento lento y un atraso con respecto a otros países europeos. El proceso desamortizador fue la primera pieza de la transformación agraria, que consistió en poner en el mercado, mediante una subasta pública, las tierras y bienes de la Iglesia. Las propiedades de la nobleza pasaron a ser propiedad privada mediante los procesos de desvinculación y abolición del mayorazgo, pero no fueron expropiadas ni vendidas en subasta pública. La nobleza conservó, y aumentó con la compra de bienes desamortizados, su poder económico. Cabe destacar la desamortización de Mendizábal, que afectó a la venta de las tierras eclesiásticas, y la de Madoz, que afectó a los bienes de la Iglesia y también, a los de municipios y comunales.
El descontento provocado por la amortización de los bienes del clero, de la nobleza y de los ayuntamientos, sumado el crecimiento de la deuda pública obligó a Godoy declarar la venta de dichas propiedades. El sector más afectado fue la Iglesia y el dinero ingresado se gastó en campañas militares. Esto se mantuvo durante la Guerra de la Independencia hasta la vuelta de Fernando VII, que devolvió los bienes a la Iglesia. En el Trienio Liberal, se restauró la desamortización, hasta que, de nuevo, Fernando VII la abolió.
La desamortización se aceleró a partir de 1833 y las razones fueron: la guerra carlista había dejado sin recursos al Estado, el bando carlista tenía el apoyo del clero y los antiguos compradores reclamaban los bienes que compraron y que les fueron expropiados. Las clases altas apoyaban la regencia de Mª Cristina, de ahí que los liberales aceleraran el proceso de confiscación de bienes de los conventos. De este modo, Mendizábal presionó a la reina para que estableciera una desamortización en 1836 (Eclesiástica). Se pusieron en venta los bienes del clero regular (conventos y monasterios) y también del clero secular (durante la regencia de Espartero). Con ella, pretendían financiar la primera guerra carlista, además, querían llevar a cabo una reforma de la Hacienda mediante la reducción de la deuda y fomentar la creación de un sector social de propietarios que apoyaban al liberalismo y a la regencia. El problema fue que los únicos que podían comprar esas tierras eran los nobles o los burgueses, con lo que no se creó una verdadera clase media. La desamortización se mantuvo hasta 1844 y se desamortizó el 62% de los bienes de la Iglesia. El pago de las propiedades con títulos de deuda pública agravó la situación. En conclusión, lo que pretendía Mendizábal era beneficiar a los grupos burgueses financieros y comerciales.
A pesar de todo, se consiguió disminuir la deuda y aumentar los ingresos de la Hacienda. La desamortización no consiguió aumentar la producción agraria, los propietarios se limitaron a seguir cobrando las rentas sin hacer inversiones en nuevas técnicas ni cultivos, las tierras eran de mala calidad y subió el precio de los alimentos. Además, la mayoría de los propietarios vivían lejos de sus tierras. Se mantuvo la estructura de la propiedad, latifundios en Andalucía y minifundios en el Norte.
En 1855, se llevó a cabo la segunda desamortización (“General”), la de Pascual Madoz. Esta vez, se pusieron en venta todos los bienes amortizados (Estado, Iglesia y municipios). Fue más efectiva que la anterior, ya que se consiguió el doble de dinero. Dichos ingresos fueron utilizados para cubrir la deuda pública y para crear una amplia red de ferrocarril. Este hecho provocó la ruina económica de los campesinos y la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Iglesia al no cumplir lo establecido en el Concordato. Esta situación se prolongó hasta 1895, aunque la mayor parte de las propiedades ya estaba vendida en 1856. Significó el traspaso de tierras a los nuevos propietarios y la unión de la antigua aristocracia con la burguesía urbana, lo que posibilitó la creación de una nueva clase terrateniente. La forma de pago que se empleó, lejos de títulos de deuda pública, fue el pago en efectivo. Finalmente, José Calvo Sotelo puso fin a la desamortización de Madoz en 1924. Las consecuencias fueron: las propiedades fueron compradas por los burgueses, con lo que se reforzó el latifundismo y muchos trabajadores se quedaron en la ruina. Se mejoró la Hacienda pública gracias a los 14000 millones de reales que se habían conseguido, además, aumentó la producción y la superficie cultivada por las inversiones de los dueños. Por último, la destrucción de edificios religiosos permitió construir ensanches y edificios de gran altura, propios de una ciudad burguesa.
En conclusión, el estancamiento de la agricultura fue una de las principales causas del atraso de la economía española durante el siglo XIX. Las desamortizaciones afectaron, sobre todo, a la Iglesia y provocaron la ruina de los campesinos, mientras tanto, los burgueses se hacían con mayor poder. A pesar de todo, disminuyó la deuda pública. Las desamortizaciones sirvieron para la construcción de formas de propiedad, propias de un estado liberal que ponía fin al Antiguo Régimen. Los ingresos económicos fueron utilizados para financiar la primera guerra carlista y para ampliar la red ferroviaria.