Desamortización en España: consecuencias y impacto social

Mendizabal actuó como ministro de Hacienda durante el ‘bienio progresista’ (1835-1837), también surgió durante la I Guerra Carlista. Los objetivos de esta desamortización eran reducir la deuda pública para financiar la Guerra Carlista. La liquidación definitiva de las estructuras del AR: supresión de señoríos, mayorazgos, manos muertas, diezmo y aduanas interiores. La desamortización fue eclesiástica. Anticlericalismo liberal. Los objetivos del Decreto desamortizador de 19 feb 1836:

  • Aumentar el número de propietarios
  • Creación del crédito público
  • Supresión de órdenes religiosas y venta de sus patrimonios
  • Venta mediante subasta pública (previa tasación)
  • Forma de pago efectivo y también mediante la deuda pública

El decreto desamortizador del 29 jul 1837 suprimía los bienes del clero secular, las instituciones religiosas femeninas y el diezmo. Este decreto no fue aplicado hasta 1841, regencia de Espartero, porque fue frenado este proceso por los moderados.

Las consecuencias de este proceso fueron que las desvinculaciones (supresión de mayorazgos) implicaron únicamente la posibilidad de venta. La abolición de los señoríos, es decir, la nobleza se convirtió en propietaria pero el campesinado, sin capacidad económica, no pudo participar en las subastas. Y, se produjo la aparición de la burguesía agraria, una nueva clase social propietaria de tierras.

Pascual Madoz fue ministro de Hacienda durante el ‘bienio progresista’ y fue el impulsor de la estadística en España. En 1855 se estableció la ley general de desamortización: se desamortizaron todos los bienes de manos muertas de la iglesia, ayuntamientos y otras instituciones, se vendieron las propiedades de los ayuntamientos:

  • Bienes propios: propiedades de los ayuntamientos cultivadas por los vecinos cuyos beneficios eran para pagar los gastos del municipio.
  • Bienes comunales o baldíos: tierras explotadas libremente por la comunidad de vecinos.

La novedad fue que solo se aceptó el pago en metálico y no con deuda pública (beneficios para pagar la deuda pública). Todo esto condujo a la disminución de impuestos en la zona norte.

Las consecuencias de la desamortización fueron negativas para el campesinado. Los campesinos no accedieron a la propiedad de la tierra, además sufrieron expropiaciones de bienes propios y comunes. La consolidación del latifundismo (gran propiedad) en el sur y del minifundismo (pequeña propiedad) en el norte llevó a la ruina al no poder competir con las grandes explotaciones. Todo esto llevó a la frustración del campesinado andaluz.

En el ámbito económico las consecuencias de este proceso desamortizador fueron que no se llevó a cabo una verdadera reforma agraria. El verdadero objetivo fue la recaudación para pagar la deuda pública (no se desamortizó el sistema de propiedad de la tierra). Se acentuó el latifundismo y minifundismo. Aumentó la roturación de tierras y no supuso una modernización técnica. El pago de la deuda pública tuvo unos resultados menores de los esperados (Mendizabal). Y, todo esto concluyó con el traspaso del poder económico de la iglesia a la burguesía agraria.

En el ámbito social hubo un fracaso para las clases más humildes, de este modo, aparecieron dos clases sociales totalmente opuestas:

  • Burguesía agraria (propietarios), que imitaban el estilo de vida de la vieja nobleza.
  • Proletariado agrícola (jornaleros asalariados), que tenían unas condiciones de trabajo y de vida muy duras.

En el ámbito cultural y religioso se produjo una ruptura entre las relaciones diplomáticas con la iglesia. Y, en 1837 fue la supresión del diezmo y, como consecuencia el patrimonio de la iglesia se dispersó.

La desamortización de Godoy (1798) fue muy importante en Andalucía, una cuarta parte del patrimonio de la iglesia, sus compradores fueron la burguesía de negocios. En Cádiz y en Sevilla se pagaron con títulos de deuda a un precio muy alto. En Huelva, Jaén y Almería se pagaron en efectivo a precios muy bajos.

La desamortización de Mendizabal (1836-1837) tuvo una fuerte demanda de las tierras en Andalucía, con un valor muy alto en las subastas. En Sevilla y en Córdoba hubo un mayor volumen de ventas que en Huelva y en Almería.

La desamortización de Madoz (1835) fue civil. Entre 1855-1856 miles de fincas tenían un precio más elevado de la media nacional. Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén tuvieron un mayor porcentaje que Almería y Huelva. Las consecuencias de esta desamortización fue el traspaso de la titularidad y, por ello, no se crearon nuevos latifundios. Los bienes comunes entraron en este proceso y, por último, hubo un progreso económico y un retroceso social.

En conclusión, la desamortización benefició a las clases privilegiadas, los señores se convirtieron en terratenientes. Se creó un nuevo régimen agrario en Andalucía: conllevó a la persistencia de los latifundios, y se creó una clase social terrateniente frente a los jornaleros sin tierra. Todo esto provocó luchas campesinas.

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