Isabel II: La Organización del Régimen Liberal

Tras acceder al trono al adelantarse su mayoría de edad en noviembre de 1843 (con tan solo 13 años), Isabel II mostró desde un principio su preferencia por los moderados, dejando fuera del juego político al Partido Progresista. Se abría así un largo período de predominio moderado (casi 25 años), caracterizado por gobiernos autoritarios, defensores del orden y de una monarquía fuerte, con un sistema bicameral que limitaba las reformas profundas y restringía las libertades individuales y colectivas.

Ante esta situación, los progresistas optaron por el retraimiento —negándose a participar en consultas electorales claramente amañadas— o por la preparación de pronunciamientos apoyados por insurrecciones populares.

Una constante del reinado fue la presencia permanente de militares entre los gobernantes del país, como Narváez, Espartero y O’Donnell.

La Década Moderada (1844-1854)

En mayo de 1844 se formó un gabinete presidido por el General Narváez, la gran figura de los moderados. Estas fueron las principales medidas que se adoptaron durante la siguiente década:

Principales Medidas de la Década Moderada

• Creación en 1844 de la Guardia Civil, fuerza armada encargada de aplicar la ley y el orden esencialmente en el medio rural. Como medida complementaria se suprimió la Milicia Nacional.
• Ley de Ayuntamientos de 1845, que reforzaba el centralismo reservando al gobierno el nombramiento de los alcaldes.
• Reforma del sistema fiscal de 1845, elaborada por Alejandro Mon. Se estableció un nuevo sistema fiscal más racional, eficaz y moderno, que puso fin al enrevesado sistema impositivo del Antiguo Régimen. Mon introdujo un impuesto “territorial” para que cotizasen los grandes propietarios y otro impuesto llamado de “industria y comercio”, que obligaba por primera vez a cotizar a los industriales y comerciantes.
• Ley Electoral de 1846, que configuró un verdadero régimen oligárquico. Se estableció un sufragio muy restringido que limitó el cuerpo electoral a 97.000 varones mayores de 25 años, lo que suponía el 0,8% del total de la población.
• Concordato de 1851. Acuerdo con la Santa Sede por el que el Papa reconoció a Isabel II como reina y aceptó la pérdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio, el Estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia, a entregarle el control de la enseñanza y a encargarle labores de censura.

La Constitución de 1845

La Constitución de 1845 establecía un sistema político acorde con los postulados del moderantismo y se diferenciaba de la de 1837 en una serie de aspectos esenciales:

• Se omitía cualquier mención a la soberanía nacional.
• Soberanía compartida del Rey y las Cortes. Esto se concretaba en un poder legislativo compartido por ambas instituciones y en una clara preeminencia de la Corona en el proceso político. Se eliminaban los límites que la Constitución de 1837 había establecido respecto a los poderes del Rey.
• Los senadores eran nombrados por la Reina y el Senado se convertía en una cámara reservada.
• Confesionalidad del Estado: “La religión de la nación española es la religión católica”.
• Recorte de los derechos individuales, especialmente la libertad de expresión.

Como puede apreciarse, la Constitución era un texto claramente conservador, que excluía alternativas en el poder y beneficiaba al Partido Moderado y a la oligarquía.

La Repercusión de las Revoluciones de 1848 y el Nacimiento del Partido Demócrata

En 1848 se produjeron en España, como en toda Europa, una ola de levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias. En el caso español, se debieron más a la crisis económica, con su secuela de hambre y miseria, que a motivaciones políticas, si bien es cierto que progresistas, republicanos y carlistas estuvieron detrás. La respuesta de Narváez fue pedir y obtener plenos poderes de las Cortes, suspender las garantías constitucionales y emprender una durísima represión en las calles, culminada con docenas de fusilamientos. El resultado del fracaso revolucionario fue acentuar la división entre los progresistas, una parte de los cuales creó en 1849 el Partido Demócrata. Sus principios fundacionales eran la defensa de los derechos individuales, el sufragio universal masculino y una apertura del sistema a las clases populares. La represión indiscriminada también removió las tranquilas aguas del Ejército, al producir entre la oficialidad un renacimiento de las opiniones progresistas.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El escandaloso favoritismo en todos los campos de la vida social y la generalizada corrupción existente en la política económica y financiera de los gobiernos moderados provocaron reacciones y movimientos subversivos en amplios sectores de la opinión liberal, incluida la moderada, que finalmente llevaron a la calle a las clases populares.

El poder cada vez más dictatorial de Narváez propició un creciente descontento que culminó en un pronunciamiento de complejo desarrollo. Iniciado por el general O’Donnell en Vicálvaro (La Vicalvarada), el golpe militar se radicalizó tras la publicación por los rebeldes del denominado “Manifiesto de Manzanares”, lo que hizo que consiguiera un amplio respaldo popular y animó a otros generales a unirse a la rebelión. Finalmente, el golpe triunfó y propició la formación de un gobierno presidido por el progresista Espartero.

La otra gran figura del gobierno, el general O’Donnell, creó un nuevo partido, la Unión Liberal, que trató de cubrir un espacio de centro entre moderados y progresistas, aunque gobernó junto a estos en el inicio del bienio.

Principales Medidas del Bienio Progresista

Durante este corto período destacaron las siguientes medidas:

• La desamortización general de Madoz en 1855, que culminó el proceso desamortizador. De entre todas las medidas adoptadas por los gobiernos progresistas del Bienio destaca, por su trascendencia, la Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855, conocida como “Desamortización de Madoz”, por ser Pascual Madoz el ministro de Hacienda que la promovió. Declaraba la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los bienes de propios y baldíos de los municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso iniciado por Mendizábal en 1836.
• Unas nuevas Cortes Constituyentes iniciaron la elaboración de una nueva constitución más progresista que no llegó a aplicarse.
• Se adoptaron medidas para propiciar la modernización económica del país, como la Ley de Ferrocarriles de 1855.

La Constitución “Nonata” de 1856

Los progresistas no dudaron en suspender la vigencia de la Constitución de 1845 y redactar un texto nuevo. Sería la Constitución de 1856, llamada “nonata” porque no llegó a entrar en vigor. El texto reflejaba el ideario progresista:

• Defensa de la Soberanía Nacional.
• Declaración detallada y precisa de los derechos individuales, con especial énfasis en la libertad de imprenta y libertad religiosa.
• La limitación de los poderes de la Corona y del gobierno, que pasarían a estar estrechamente controlados por las Cortes.
• Los Ayuntamientos y diputaciones pasaban a ser electivos.
• Se restablecía la Milicia Nacional.
• Se retornaba a un Senado elegido por sufragio, con un censo similar al de 1837, lo que ampliaba la base electoral a 700.000 votantes.

El contrapunto del Bienio, y una de las claves de su fracaso, fue el permanente clima de conflictividad social. En los primeros meses de 1856 se sucedieron violentos motines en el campo castellano y en las principales ciudades del país, con incendios de fincas y fábricas, cada vez más reprimidos con mayor brutalidad por el ejército y la Guardia Civil. El gobierno perdió el apoyo de las Cortes, y muchos diputados progresistas se pasaron a la Unión Liberal. Finalmente, la reina aceptó la dimisión en julio de 1856 de Espartero y encargó formar gobierno al general O’Donnell.

Final del Reinado: Gobiernos Moderados y la Unión Liberal (1856-1868)

Al final del reinado de Isabel II se alternaron en el gobierno moderados y unionistas, con Narváez y O’Donnell como figuras principales. Tras un breve período de gobierno de O’Donnell, que sirvió para liquidar el proyecto de Constitución, en octubre Isabel II encargó formar gobierno al general Narváez, el político favorito de la reina. Este suspendió la desamortización, anuló todas las disposiciones de libertad de imprenta y cuantas se opusieron al Concordato, y restableció el impuesto de consumos (impuesto indirecto). Se volvía a una política claramente conservadora, apoyada por el trono, pero solo con un tibio respaldo de las Cortes.

Desafíos y Crisis del Período (1856-1868)

Fueron años de intervención en conflictos exteriores (guerra de Marruecos, expedición a México, guerra del Pacífico) y de problemas internos. En el campo estallaron revueltas violentas, como la de Loja en 1861. En 1865, el cólera extendió su azote por la nación, provocando más de 120.000 muertos.

Al año siguiente se produjo la mayor crisis financiera del reinado, con quiebras bancarias y cierres de empresas. También el sector textil sufrió una época de dificultades por la escasez de algodón, provocada por la Guerra de Secesión en EE. UU., y las compañías ferroviarias, con el descenso del tráfico, vivieron una coyuntura difícil.

El Camino hacia la Revolución de 1868

Demócratas, republicanos y un sector importante del progresismo comenzaban a reclamar desde la prensa y mediante la acción conspirativa un cambio del régimen, poniendo en cuestión incluso a la propia reina. Militares como Prim o políticos como Sagasta se alinearon abiertamente en contra del sistema. Un intento de golpe militar, el levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil (Madrid, junio de 1866), fracasó y se cerró con muchas sentencias de muerte.

En agosto de 1866, dos meses después de la sublevación de San Gil, los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende. De acuerdo en evitar una revolución social, su programa se limitaba al destronamiento de la Reina, a quien consideraban principal culpable de la situación, y a la convocatoria de unas Cortes por sufragio universal. En 1867, tras la muerte de O’Donnell, la propia Unión Liberal, convencidos sus miembros de la inviabilidad del gobierno represivo y del hundimiento de la monarquía isabelina, se sumó al pacto. Los fallecimientos de O’Donnell y Narváez dejaron a Isabel II sin apoyos. En septiembre de 1868, un pronunciamiento militar la destronó y la envió al exilio.