En 1881 canovas dimitió y dejó paso al primer gobierno del partido liberal

12.5 Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876


Tras el golpe del general Pavía y la disolución de las Cortes (1874) se establecíó el gobierno del general Serrano. En teoría sería vigente de la República, aunque en la práctica fue una dictadura militar. La oposición republicana fue anulada, las organizaciones obreras prohibidas y el avance carlista detenido. Sin embargo, el apoyo a la causa Alfonsina no paraba de crecer. El 1 de Diciembre el príncipe Alfonso firmaba el manifiesto de Sandhurst, en el que, siguiendo el ejemplo de Cánovas, garantiza una monarquía constitucional y democrática y su voluntad de aceptar los avances políticos del Sexenio.

Los generales monárquicos Martínez Campos y Jovellar se pronunciaron el 29 de Diciembre a Sagunto a favor de la monarquía. El gobierno no opuso resistencia y Cánovas formó un gabinete de Regencia y comunicó Alfonso en su proclamación como rey. Las primeras medidas del nuevo gobierno fueron restablecer la autoridad de la corona. Cánovas nombró nuevos gobernadores y alcaldes, instauró la censura y decretó el cierre de periódicos republicanos. También restablecíó el Concordato de la Iglesia Católica y le devolvíó los pocos bienes no vendidos.

En los dos años siguientes, el ejército pasó a la ofensiva, lo que permitíó poner fin a los dos conflictos bélicos iniciados el periodo anterior. El Manifiesto de Somorrostro (1876) permitía la rendición de los carlistas y la Paz de Zanjón (1878) periodo anterior. El Manifiesto de Somorrostro (1876) permitía la rendición de los carlistas y la Paz de Zanjón (1878) terminaba la guerra en Cuba. En Diciembre de 1875 se habían convocado elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. Sin embargo, el proceso electoral fue manipulado para asegurar una amplia mayoría a los candidatos del gobierno.

La Constitución de 1876 era un texto flexible de inspiración doctrina conservadora. La declaración de derechos y deberes era amplia, aunque las leyes ordinarias restringían derechos como el de imprenta, expresión, asociación y reuníón. Los poderes de Estado quedaban en manos de las Cortes y el rey. Las Cortes eran bicamerales, con una Cámara compuesta por senadores por derecho propio, por designación real o elegidos por corporaciones y grandes contribuyentes. El poder ejecutivo lo ejercía el rey a través de los ministros, el legislativo correspondía a las Cámaras y el judicial a los jueces. La cuestión religiosa reconocía la confesionalidad católica del país y el sostenimiento estatal de culto y el clero.

Antonio Cánovas fue la figura clave de la restauración. Su primer objetivo fue asentar firmemente la monarquía, por encima incluso de la Constitución. En segundo lugar, el sistema debía acoger todos los partidos burgueses con la sola condición de aceptar la monarquía y la alternancia en el gobierno. Quería una constitución que permitiera gobernar a distintos partidos y que acabara con los pronunciamientos como vía para tomar el poder. Este último aspecto preocupaba especialmente a Cánovas. El ejército debía volver a los cuarteles y cumplir su misión constitucional. Fue decisivo el papel ejercido por Alfonso XII, un rey con formación militar. Su posición activa en la guerra carlista le ganó el apoyo de los cuarteles.

El modelo ideal de parlamentarismo para Cánovas era el británico, basado en la existencia de dos grandes partidos que aceptaban turnarse en el poder y respetar la obra legislativa de sus antecesores. El funcionamiento constitucional fue alterado conscientemente por sus propios defensores desde las primeras elecciones. Los gobiernos no cambiaban porque tuvieran o no el apoyo de las Cortes. Cuando un partido había experimentado un desgaste de su gestión o cuando los líderes políticos consideraban necesario un cambio se sugería a la corona nombramiento en un nuevo gobierno. El nuevo presidente era siempre el líder del partido opositor, que recibía junto a su nombramiento un decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. A continuación se procedía a manipularlas a través de la extensa red de caciques y autoridades repartidas por el país, obteniendo de esta forma una amplia mayoría para el partido gobernante, que podía actuar así sin dificultad.

El régimen de la Restauración era muy conservador, tanto en política como en materia social y económica. La Corona había sido restablecida por los políticos conservadores, los hombres de negocios y los mandatos militares, por lo que el régimen tuvo un amplio respaldo al principio. Sin embargo, con el paso de los años, la certeza de que participar en las elecciones era inútil fue retrayendo a la opinión pública, lo que provocó una progresiva indiferencia hacia el régimen parlamentario, comenzando a resquebrajarse el sistema canovista.

Hasta 1881 gobernó el Partido Conservador dirigido por Cánovas. Su programa se basaba en la defensa del orden social,de la monarquía y de la propiedad. Por eso, tras aprobarse la Constitución se mantuvo y se acentuó la política represiva y se recortaron libertades. Además, tras el fin de la guerra carlista se abolieron los fueros vascos con el fin de conseguir plena uniformidad política y jurídica. Las provincias vascas también quedaban obligadas a contribuir con continentes al servicio militar obligatorio y a pagar contribuciones.

La ley electoral de 1878 establecíó un sufragio muy restringido, que redujo el censo electoral a un 5% de la población. El Gobierno también se reservó la elección de los alcaldes en grandes ciudades.

En Mayo de 1880 se fundó el Partido sionista, que pronto pasó a llamarse Partido Liberal. Se formó a partir del viejo Partido Progresista y bajo el liderazgo de Sagasta.

En Enero de 1881 Cánovas dimitíó y dejó paso al primer gobierno del Partido Liberal. Sagasta tomó tímidas medidas para acabar con las restricciones de la libertad de expresión como eliminar las denuncias por delitos de imprenta, devolver las cátedras a los profesores represaliados o legalizar las asociaciones obreras y republicanas. El partido no estaba aún muy cohesionado y Sagasta quería evitar medidas que pudieran alarmar a la oligarquía. De hecho, había reprimido protestas populares y un intento de Golpe de Estado republicano para cuyos autores solicitó la pena de muerte y el exilio.

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