La cuestión autonómica
En Cataluña se creó un gobierno autonómico (la Generalitat) aprobado por un referéndum con el 99% de aprobación, que reconocía el derecho de autodeterminación y el catalán como única lengua oficial. En septiembre de 1932, las Cortes aprobaron un estatuto de autonomía muy recortado respecto al proyecto original. Las elecciones al parlamento catalán dieron triunfo al ERC y Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el tradicionalismo carlista elaboraron el estatuto de Estella basado en la recuperación de los privilegios forales y la defensa del catolicismo. En Galicia, las aspiraciones autonómicas cristalizaron en un estatuto que, al presentarse en las Cortes, no pudo ni discutirse. En Valencia, Aragón, Baleares y Andalucía se rechazaron y en 1936 se realizaron pero se vieron cortadas por la guerra civil.
La oposición y el fin del gobierno de Azaña
El bienio reformista estuvo amenazado por la oposición de la derecha. La derecha monárquica propició la sublevación militar dirigida por Sanjurjo. La derecha parlamentaria agrupó a las clases medias urbanas y rurales que, bajo la bandera del catolicismo, confluyeron en la CEDA, cuyo líder Gil-Robles dirigió una virulenta campaña de desprestigio contra el gobierno y los partidos de izquierda. En la izquierda obrera, la CNT estaba radicalizada por la FAI y se promulgó la revolución libertaria. La DGT se decantó por la radicalización. En el ambiente de agitación social, iba en aumento, lo que se refleja en las huelgas, insurrecciones de trabajadores y ocupaciones de tierras. Entre los conflictos más graves destacan las insurrecciones campesinas como la de Castiblanco (Estremadura) dirigida por la UGT y la de Casa Viejas (Andalucía) por la CNT, donde se fusiló a muchos campesinos, se desacreditó al gobierno e indignó a la opinión pública.
El fin del gobierno de Azaña
El partido radical maniobró para debilitar la coalición republicano-socialista. Las elecciones municipales de abril de 1933 supusieron un avance de radicales y derechistas. El presidente Alcalá-Zamora retiró su confianza a Azaña, que tuvo que dimitir. Se convocaron elecciones generales, la izquierda se presentó desnuda y la derecha se coaligó con la CEDA.
La crisis del gobierno radical-cedista
A lo largo del 35, la política del gobierno se hizo más reaccionaria: paralizaron la reforma agraria, la reducción del presupuesto de la educación, acercamiento a la Alemania nazi en política exterior, nombramiento de militares antirrepublicanos para ocupar cargos… Además, se permitió a la derecha fascista actuar abiertamente contra la izquierda y la república. Se enfrentaron los grupos de derecha y de izquierda y provocó una división social y política que estaba influenciada por la situación internacional. En los años 30, los fascismos europeos habían ascendido al poder y se presentaban como una solución para la crisis. El bloque nacional y la Falange Española se opusieron a la política de la CEDA por moderada. Como respuesta al avance del fascismo, los partidos comunistas europeos propusieron la formación de un frente popular para unir sus fuerzas contra la amenaza fascista. En este clima de creciente tensión sociopolítica, el gobierno conservador se vio inmerso en una grave crisis. La causa fue que salió a la luz la corrupción, como la relacionada con la concesión de permisos para un tipo de ruleta llamada straperlo que obligaron a Lerroux a dimitir y hundieron al partido radical, sin el cual era imposible obtener mayoría del gobierno. Ante esta situación, el presidente Alcalá-Zamora nombró como jefe del gobierno a Portela Valladares, el cual tuvo que convocar nuevas elecciones.
La victoria del frente popular
Los republicanos de centro-izquierda, los socialistas y los comunistas del PCE y del POUM suscribieron un pacto por el que constituían el frente popular, con el objetivo de presentarse unidos a los comicios defendiendo la continuación de las reformas del 1º bienio y la amnistía a los represaliados de octubre de 1934. La campaña electoral fue extremadamente agresiva y puso de manifiesto la actitud insurreccional de la derecha fascista y la división de España en dos bloques antagónicos. Finalmente, el frente popular consiguió la victoria y reemprendió la tarea reformista del 1º bienio, pero durante los 5 meses que duró su gobierno se acentuó la polarización política y aumentó el deterioro de la convivencia social. Calvo Sotelo. Este acontecimiento fue utilizado como excusa para dar un golpe militar que al fracasar desembocó en una guerra civil.
La continuación del reformismo
El nuevo gobierno, presidido por Manuel Azaña, estaba formado por miembros de izquierda republicana y unión republicana que contaban con el apoyo de socialistas y comunistas. Alcalá-Zamora continuó ejerciendo como presidente hasta el mes de mayo, cuando fue destituido por las cortes a iniciativa de la izquierda. Azaña fue elegido presidente de la república y Santiago Casares Quiroga fue nombrado jefe del gobierno. El frente popular inició su labor aplicando el programa electoral. Se concedió una amplia amnistía política y se restituyeron los cargos públicos suspendidos, se inició la tramitación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Galicia, se readmitió a los trabajadores despedidos y la reforma de enseñanza recibió un nuevo impulso, también se reanudó la reforma agraria.
Problemas internos, oposición y radicalización social
En el frente popular coexistían dos tendencias: los partidarios del reformismo democrático y los que se mostraban favorables a iniciar un proceso revolucionario. Estos planteamientos explican las actuaciones revolucionarias de un sector de la izquierda y el clima de tensión que se desató: huelgas, ocupaciones de tierras, asaltos de iglesias… Choques entre cenetistas y ugetistas, que rivalizaban por aumentar su influencia entre los obreros; altercados entre campesinos y guardias civiles… El bloque nacional y la CEDA formaron un verdadero contrapoder en defensa del orden, la propiedad, la religión y la patria, mediante la insurrección contra la izquierda. El gobierno fue incapaz de frenar la espiral de violencia e imponer medidas de consenso que solucionasen la crisis social y la desestabilización del equilibrio democrático. En la primavera de 1936, la confrontación política se intensificó en todos los ámbitos y proliferaron los enfrentamientos callejeros y los atentados contra líderes de derechas, pero para el bloque nacional y la Falange se trataba de un medio para desestabilizar al régimen. Para eso, contaron con el apoyo de algunos militares, que desde la Unión Militar Española, preparaban una conspiración contra la república. El asesinato del teniente de la guardia de asalto, José Castillo, fue vengado por un grupo de militantes socialistas con el asesinato de Calvo Sotelo. Este acontecimiento fue utilizado como excusa para dar un golpe militar que al fracasar desembocó en una guerra civil.