En la segunda mitad del reinado de Isabel II, la construcción del ferrocarril experimentó un enorme impulso gracias a la Ley General de Ferrocarriles aprobada en 1855 por los progresistas. Esta ley fijaba condiciones muy favorables para la construcción: garantizaba las inversiones extranjeras en caso de guerra, eximía de aranceles a los materiales necesarios para tender las líneas, subvencionaba hasta un tercio del coste de construcción y permitía a las compañías emitir obligaciones para financiarse. Se fijó un plano radial a partir de Madrid y se optó por un ancho de vía mayor que el europeo con la justificación de que así las máquinas podrían ser más potentes.Tras la aprobación de la Ley de Sociedades de Crédito de 1856, se formaron las tres grandes compañías ferroviarias: la del Norte, la MZA (Madrid a Zaragoza y Alicante) y la de Ferrocarriles andaluces, con capital principalmente francés.Los 440 km de 1855 se convirtieron en unas 5.000 en 1866. La crisis financiera de 1866 paralizó prácticamente la construcción, que sólo se reanudaría después de 1876 y a un ritmo más lento. De hecho la propia crisis se debíó en parte al hundimiento de las sociedades de crédito que estaban detrás de las compañías: habían invertido mucho dinero y en líneas que no siempre eran rentables, por lo que sus acciones se desplomaron causando el pánico en la Bolsa y llevando a las sociedades a la quiebra.Durante el periodo de crecimiento espectacular, con la Uníón Liberal, gran parte del ahorro nacional y de los recursos del Estado fueron a parar al ferrocarril. Para algunos historiadores eso fue un factor negativo pues deberían haber sido invertidos en la industria. Opinan además que, al permitir importar hierro del exterior sin aranceles se perdíó la oportunidad de estimular la siderurgia nacional. Otros opinan que sin el ferrocarril difícilmente hubiera podido crecer la siderurgia, que por otra parte no estaba en condiciones de cubrir la demanda generada por la construcción del ferrocarril. Además, creen que no es seguro que los capitales invertidos en el ferrocarril hubieran ido a parar a la industria
En la segunda mitad del reinado de Isabel II, la construcción del ferrocarril experimentó un enorme impulso gracias a la Ley General de Ferrocarriles aprobada en 1855 por los progresistas. Esta ley fijaba condiciones muy favorables para la construcción: garantizaba las inversiones extranjeras en caso de guerra, eximía de aranceles a los materiales necesarios para tender las líneas, subvencionaba hasta un tercio del coste de construcción y permitía a las compañías emitir obligaciones para financiarse. Se fijó un plano radial a partir de Madrid y se optó por un ancho de vía mayor que el europeo con la justificación de que así las máquinas podrían ser más potentes.Tras la aprobación de la Ley de Sociedades de Crédito de 1856, se formaron las tres grandes compañías ferroviarias: la del Norte, la MZA (Madrid a Zaragoza y Alicante) y la de Ferrocarriles andaluces, con capital principalmente francés.Los 440 km de 1855 se convirtieron en unas 5.000 en 1866. La crisis financiera de 1866 paralizó prácticamente la construcción, que sólo se reanudaría después de 1876 y a un ritmo más lento. De hecho la propia crisis se debíó en parte al hundimiento de las sociedades de crédito que estaban detrás de las compañías: habían invertido mucho dinero y en líneas que no siempre eran rentables, por lo que sus acciones se desplomaron causando el pánico en la Bolsa y llevando a las sociedades a la quiebra.Durante el periodo de crecimiento espectacular, con la Uníón Liberal, gran parte del ahorro nacional y de los recursos del Estado fueron a parar al ferrocarril. Para algunos historiadores eso fue un factor negativo pues deberían haber sido invertidos en la industria. Opinan además que, al permitir importar hierro del exterior sin aranceles se perdíó la oportunidad de estimular la siderurgia nacional. Otros opinan que sin el ferrocarril difícilmente hubiera podido crecer la siderurgia, que por otra parte no estaba en condiciones de cubrir la demanda generada por la construcción del ferrocarril. Además, creen que no es seguro que los capitales invertidos en el ferrocarril hubieran ido a parar a la industria
La Primera República intentó, sin éxito, consolidar el régimen nacido en 1868, que, a lo largo de sus once meses de existencia, contó con cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.La idea republicana no estaba suficientemente desarrollada en el país y, por otro lado, sus dirigentes no tenían experiencia de gobierno y se encontraban divididos en unitarios y federalistas.Republicanos Unitarios: partidarios de un sistema de gobierno republicano con un único poder centralizado. Su líder fue Salmerón.Republicanos Federalistas: defienden un Estado descentralizado y plural. Su representante Pi y Margall.La Asamblea Nacional designó a Estanislao Figueras como presidente de una república unitaria cuyo principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva Constitución.
LA República UNITARIA (Febrero a Junio de 1873):Durante este periodo el gobierno se encontró con una situación difícil y llena de problemas: la Hacienda exhausta, la guerra carlista en el norte del país, el problema de Cuba, un ejército básicamente moderado y reacio al nuevo sistema político y unas tensiones sociales con ocupaciones de tierras por parte del campesinado andaluz y manifestaciones obreras pidiendo la jornada de 10 horas. Pese a ello, durante sus meses de gobierno pudo poner en marcha ciertas medidas democráticas, como la promulgación de una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la supresión de las quintas.Pero la República Unitaria carecía de apoyos, de modo que el resultado de las elecciones a Cortes constituyentes dio el triunfo a los republicanos federales.
LA República FEDERAL (Junio a Julio de 1873):Su presidente fue Pi y Margalla que presentó un proyecto constitucional que organizaba a España como un Estado Federal dividido en 17 Estados, entre los que figuraban como tales Cuba y Puerto Rico. La declaración de derechos de este proyecto constitucional era similar a la de 1869, aunque trataba de forma más democrática la cuestión religiosa (libertad de cultos y separación Iglesia-Estado) y el derecho de asociación. El sufragio es universal y la soberanía nacional. A los tres poderes clásicos se añade el del presidente de la República, que se denomina relacional. El presidente nombra al gobierno pero la función ejecutiva corresponde íntegramente a éste, sin que el presidente de la República pueda intervenir. Su función es mantener la uníón y el equilibrio entre los distintos Estados que forman la Federación. Cada Estado podía elaborar su propia Constitución, tenía sus órganos legislativos, ejecutivos y judiciales y podía organizarse con libertad a condición de respetar los preceptos de la Constitución federal.
A pesar de que el nuevo articulado constitucional se finalizó con rapidez, su implantación quedó frenada por las revueltas cantonales, obreras y campesinas que se sucedían por todas partes y por la división de los propios federalistas en transigentes, que consideraban primordial conseguir el orden social para luego proceder a construir una república federal desde arriba, y en intransigentes, que defendían que se debía comenzar por la construcción de la federación desde abajo y solo así llegaría la paz y el orden.Algunos de los republicanos más intransigentes, deseosos de implantar cuanto antes la realidad federal y descontentos con la política del gobierno, decidieron levantarse en armas para sustituir el poder central por el de pequeñas unidadesterritoriales o cantones. A este levantamiento se le conoce como Revolución cantonal. El 12 de Julio se proclamó el cantón independiente de Cartagena, al que se sumaron los de Valencia, Castellón, Alicante, Sevilla y Murcia. No sólo había en esta revolución planteamientos políticos sino también sociales: mayor reparto de la riqueza y la igualdad plena.A esta situación se añade un alto grado de conflictividad social. Debido a la lentitud con que se aplicaban las reformas, esperadas con impaciencia por las masas obreras y campesinas, la conflictividad social aumentó, sobretodo en Cataluña, Andalucía y Valencia. Es el caso de Alcoi, donde se declaró una huelga general para conseguir la reducción de la jornada laboral y un aumento de salarios: los obreros se apoderaron de la ciudad, incendiaron algunas fábricas y detuvieron a diversos propietarios.Pi y Margall no pudo hacer frente ni a las insurrecciones, ni al conflicto carlista, ni había logrado que su programa de reformas se llevase a la práctica (reforma agraria, reducción de la jornada laboral, reorganización del ejército y la enseñanza, libre y obligatoria). Al no conseguir tampoco la aprobación de su proyecto constitucional y viéndose desbordado por la revolución de los cantones, dimitíó el 18 de Julio, sucedíéndole Nícolás Salmerón.
LA República UNITARIA (de Julio de 1873 a Enero de 1874):Nícolás Salmerón, durante el escaso mes y medio de mandato, se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir de modo especial los movimientos obreros, como sucedíó en Alcoi. Contó con la ayuda del ejército y prácticamente acabó con el problema cantonalista. Solo quedó sublevado el cantón de Cartagena que sobrevivíó hasta Enero de 1874.Salmerón, que a pesar de que había actuado con dureza no pudo acabar con todas las insurrecciones ni tampoco con la guerra carlista, dimitíó en Septiembre de 1873 por problemas de conciencia (no quiso firmar unas penas de muerte contra los revolucionarios).El nuevo presidente fue Emilio Castelar, que se decantó hacia una política más conservadora. Su programa se redujo, básicamente, a restablecer el orden. Suspendíó las Cortes hasta Enero del año siguiente, implantó nuevamente la censura de prensa, tomó medidas represivas y restauró la pena de muerte. El giro a la derecha de Castelar y su llamada al ejército para que mantuviera el orden generó un gran descontento entre los republicanos.El 2 de Enero de 1874, cuando se abrieron de nuevo las Cortes, una parte mayoritaria de los diputados estaban dispuestos a someter a censura la gestión de Castelar y a no aprobar su actuación política. Para evitarlo, el general Pavía, capitán general de Madrid, ocupó el Parlamento con fuerzas de la Guardia Civil, disolvíó las Cortes y dio un Golpe de Estado.
– EL FIN DE LA 1 REPÚBLICA ESPAÑOLA:La disolución de las Cortes por la fuerza significó el fin de la República, aunque legalmente continuó existiendo bajo la forma de un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano y respaldado por el ejército, que realizó durante todo el año 1874 una política conservadora y presidencialista. Los ayuntamientos republicanos fueron disueltos, el partido federal fue declarado ilegal, se prohibieron las asociaciones obreras y las fuerzas militares reprimieron cualquier intento de revuelta social. El cantón de Cartagena se rindió, pero la guerra carlista duró hasta 1876.El periodo transcurrido desde el Golpe de Estado del general Pavía hasta la restauración de la monarquía borbónica sirvió para demostrar que la República no tenía salida.La burguésía moderada, que había estado al lado de la República, optó por apoyar a los monárquicos, como ya habían hecho antes los isabelinos y el ejército.Mediante otro pronunciamiento, en Diciembre de 1874, el general Martínez Campos reclamó en Sagunto la coronación de Alfonso XII. Se restauraba así la monarquía y se iniciaba el periodo histórico de la Restauración