La Revolución Liberal en España
El Sexenio Democrático fue la última etapa de la revolución liberal en España y representó un intento de ampliar el liberalismo e instaurar la democracia.
España venía arrastrando una crisis económica desde 1866 afectada por una severa crisis a nivel europeo que repercutió paralizando las inversiones de capital extranjero en España, sobre todo para la financiación del ferrocarril. Por ello, se produjo el estancamiento del negocio ferroviario y la quiebra de numerosos bancos y empresas.
Esta crisis se agravó aún más con la escasez de algodón de Norteamérica en el mercado lo que provocó el incremento de los precios y el hundimiento de muchas pequeñas industrias del textil catalán. Por otro lado también hubo una crisis agraria debido a sequías y malas cosechas, generando subida de precios y hambre. Por otra parte, el endeudamiento del Estado obligó a aumentar la presión fiscal.
A esta situación habría que sumar la descarada inclinación de Isabel II por los moderados, incapaces de solucionar la crisis y muy represivos, por ejemplo con la sublevación de sargentos del cuartel de San Gil; además del fuerte intervencionismo de la reina. La firma de progresistas y demócratas del Pacto de Ostende (1866) y la incorporación de los unionistas (1867) con el objetivo de acabar con la monarquía de Isabel II propició el estallido revolucionario.
El 18 de septiembre de 1868, el brigadier Topete, secundado por Prim y Serrano, se sublevó en Cádiz dando comienzo la Revolución de 1868 (la Gloriosa) y el periodo del Sexenio Democrático. El Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cádiz, que acababa con el “¡Viva España con honra!” denunciaba la corrupción; anunciaba la formación de un gobierno provisional, convocatoria de cortes constituyentes por sufragio universal y pedía la participación ciudadana en la revuelta. Estos últimos formaron inmediatamente juntas revolucionarias por todo el país.
La derrota de las tropas borbónicas contra las sublevadas en la batalla de Alcolea supuso la dimisión del gobierno y el exilio de la reina Isabel II.
Al comienzo del Sexenio se formó un gobierno provisional encabezado por Prim y Serrano como regente que disolvió las juntas y adoptó medidas como la supresión de los consumos y el sufragio universal masculino.
El principal objetivo del Gobierno provisional, formado por progresistas, unionistas y demócratas fue la elaboración de una nueva Constitución. Se convocaron Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino (mayores de veinticinco años). Las nuevas cortes elegidas, donde triunfó la coalición gubernamental, elaboraron la nueva Constitución.
Se pusieron en marcha una serie de medidas que buscaban el crecimiento económico. Destacamos la creación de una nueva unidad monetaria, la peseta; la Ley Arancelaria de 1869, que abrió la economía española al exterior (arancel Figuerola) y la ley de Minas.
La Constitución, promulgada en junio de 1869, proponía un amplio régimen de derechos y libertades que la perfiló como una de las más democráticas de su época. En ella: el Estado se configuraba como monarquía democrática, se establecen los principios de la soberanía nacional y la división de poderes, también Cortes bicamerales (Congreso y Senado), derecho de reunión y asociación, libertad de culto y sufragio universal masculino. Al definirse España como una monarquía se procedió a la búsqueda de un nuevo rey. Descartada la vuelta de Isabel II, resultaba imposible pensar en hacer rey a su hijo Alfonso como defendían los moderados. Varios miembros de dinastías europeas fueron propuestos. Sin olvidar, por supuesto, al pretendiente carlista, don Carlos VII.
Mientras se iniciaba la búsqueda comenzaron una serie de levantamientos republicanos federalistas; motines del campesinado opuesto a las quintas, al aumento de precios y al restablecido impuesto de consumos; protesta obrera demandando mejoras; insurrección cubana de 1868 convertida en una guerra, dirigida por un sector de propietarios criollos que aspiraban a reformas en la isla y contaban con apoyo popular al proponer el fin de la esclavitud, a raíz del “grito de Yara” (Guerra de los Diez Años) y en el principal problema del sexenio; y el resurgimiento de los carlistas, que reclamaban los legítimos derechos a la Corona de su rey, don Carlos, nieto de Carlos María Isidro.
A fines de 1870 se soluciona la cuestión del rey. El general Prim encargado de gestionar la elección, propuso finalmente a Amadeo de Saboya (miembro de la prestigiosa dinastía unificadora de Italia). Fue elegido en las Cortes por unos resultados muy ajustados. Amadeo I llegó a España el 30 de diciembre tres días después del asesinato de Prim en la madrileña calle de Turco. Esta circunstancia hizo que, desde el principio y sin su valedor, Amadeo se considerará desamparado. El fracaso de la monarquía de Amadeo (enero 1871-febrero 1873) se debió a las siguientes causas: la desaparición de la figura de Prim, principal apoyo de Amadeo; la oposición de las fuerzas monárquicas tradicionales alineadas con el carlismo y el inicio de una nueva guerra que cogió fuerza en 1873 llegando a formar un Estado con Estella como capital; el nuevo partido Alfonsino promovido por Cánovas del Castillo; el republicanismo federalista que ganaba terreno; agitaciones obreras y la crisis colonial de Cuba.
Después de repetidas crisis de Gobierno, Amadeo entregó su acta de abdicación el 11 de febrero de 1873. Inmediatamente, el Congreso y el Senado dispusieron la proclamación de la República (febrero 1873-enero 1874). Muchos votos venían de fuerzas no republicanas como salida de emergencia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones.
La asamblea designó a Figueras como presidente de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales; que entre ellos al mismo tiempo ahondar sus diferencias, por un lado los benévolos eran partidarios de la opción gubernativa y los intransigentes pretendían la proclamación inmediata de la república, desde abajo. Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva Constitución, aunque se enfrentaba a graves problemas como la guerra carlista y el problema de Cuba. La República unitaria carecía de masas, de modo que el resultado de las elecciones dio el triunfo a los republicanos federales.
El 1 de junio, se abrieron las nuevas Cortes proclamando la República Democrática Federal presidida por el benévolo Pi y Margall. El principal objetivo del nuevo gobierno fue la creación de un proyecto de Constitución Federalista (1873),Este era similar al de 1869, aunque incluía la separación de la Iglesia y del Estado, abolía los títulos de nobleza etc. No obstante, la principal novedad era que cada estado de los 17 en los que se dividía España (incluyendo Cuba y Puerto Rico) podría elaborar su propia Constitución y tendría sus propios poderes. El Estado federal se reservaba importantes competencias generales. La constitución no llegó a ser aprobada debido a las diferencias entre benévolos e intransigentes. En este periodo además, se abolió la esclavitud (Figueras abolió la de Puerto Rico) y se suprimieron las quintas.
La República tuvo que hacer frente a las tensiones sociales (campesinos sin tierra de Andalucía, reivindicaciones obreras), la guerra en Cuba y guerra carlista. El problema más grave fue la sublevación cantonal, que comenzó en Cartagena y luego se extendió por las ciudades del sur y el levante. Los cantones no reconocían el poder central y defendían la independencia del mismo. Pi y Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de Constitución y viéndose desbordado por la revolución de los cantones, dimitió en julio y le sucedió Nicolás Salmerón. Este se limitó a restablecer militarmente el orden, pero terminó dimitiendo al negarse a firmar dos penas de muerte contra cantonalistas. Tras la dimisión de Salmerón, fue elegido Emilio Castelar como nuevo presidente del Gobierno, logró plenos poderes de las Cortes las cuales no tardó en cerrar y gobernar por decreto para restablecer la autoridad y reorganizar al ejército frente a los carlistas, además logró a principios de 1874 someter la resistencia del cantón de Cartagena.
El giro a la derecha de Castelar y su llamada al Ejército para que mantuviera el orden llevaron a los diputados intransigentes a buscar su dimisión. Interrumpido en enero de 1874 por el golpe de Estado del general Pavía, quien no encontró resistencia. Se formó un gobierno provisional unitario, dirigido por Serrano, quien impuso un régimen autoritario.
El 1 de diciembre de 1874, el príncipe Alfonso (hijo de Isabel II), dirigió desde su exilio en Gran Bretaña el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, en el que se ponía a disposición de los españoles. Contra la opinión de Cánovas, el general Martínez Campos dio un pronunciamiento en Sagunto el 29 de diciembre de 1874, proclamando rey de España a Alfonso XII y dando comienzo el periodo de la Restauración.
El liberalismo es la ideología predominante del siglo XIX que en España se implantó definitivamente durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Durante este reinado, se suceden varios gobiernos liberales como son la Década Moderada (1844-1854), el Bienio Progresista (1854-1856) y la vuelta el Moderantismo (1856-1868). Durante este tiempo, se produce en España un proceso de modernización que afecta a todos los órdenes de la vida: se configura una monarquía constitucional, inspirada en los principios liberales, se sientan las bases de una economía capitalista y como consecuencia, se estructura una sociedad de clases en las que la diferenciación es económica y es una sociedad abierta, no cerrada como en el Antiguo Régimen. Todo ello, en un clima de conflictividad, y en el que predomina el ideario conservador del liberalismo.
En 1833 falleció Fernando VII y su esposa María Cristina se hizo cargo de la Regencia hasta la mayoría de edad de su hija Isabel quien gobernaría gracias a la publicación de la Pragmática Sanción (1830). Ese mismo año los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del difunto rey, iniciaron una insurrección ante la actitud poco firme de la regente que dio origen a las guerras entre carlistas, defensores del absolutismo e isabelinos, defensores del ideario liberal; entre 1833-1840 (primera guerra carlista) y 1846-1849 (Segunda Guerra Carlista, debido al fracaso de la unión entre el primogénito de don Carlos e Isabel II). Dos formas distintas de concebir el gobierno se encontraron en el campo de batalla con el pretexto de una guerra de sucesión.
El conflicto ideológico entre ambos se puede explicar por la defensa de la monarquía absoluta, el poder de la Iglesia, el mantenimiento de los fueros y la soberanía real por parte de los carlistas y la monarquía constitucional, el centralismo y soberanía nacional por parte de los liberales. El triunfo de los liberales hace posible esta transformación.
La primera guerra carlista duró 7 años y dio oportunidad al bando carlista de algunas victorias. Fue en el norte, sobre todo en las zonas rurales, donde más apoyo encontró la causa carlista. Apoyaron a los carlistas numerosos miembros del clero, la pequeña nobleza y la clase campesina.
En el bando Isabelino se agruparon las altas jerarquías de la Iglesia y del ejército, funcionarios, alta nobleza y a ellos se unieron los liberales (ilustrados, burguesía y proletariado urbano), que vieron en la defensa de los derechos dinásticos de Isabel, la posibilidad del triunfo de sus ideales.
La fracasada insistencia de Don Carlos en la conquista de Bilbao, donde muere el general carlista Zumalacárregui, el fracaso de expediciones por toda la península y finalmente, la ofensiva lanzada por el general liberal Espartero fuerza a los carlistas a negociar la paz. La guerra concluyó con el Convenio de Vergara en 1839, entre Maroto (general carlista) y Espartero (general isabelino). Los isabelinos se comprometían al mantenimiento de los fueros vascos y navarros y a la integración de la oficialidad carlista en el ejército del nuevo estado liberal; los carlistas reconocerían a Isabel como futura reina. Hasta 1840 se mantuvieron activos algunos focos.
A lo largo de las regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843) es clara la división ideológica del liberalismo en dos tendencias, moderadas y progresistas.
Los moderados pretendían construir un Estado controlado por propietarios e ilustrados, dejando de lado a las clases populares. Defendían un sufragio censitario en el que solamente pudieran votar aquellos que pagaran al Estado una determinada cantidad, consideraban la monarquía como institución clave y no reconocían la soberanía nacional. Los progresistas pensaban que la soberanía residía en el pueblo y, aunque defendían el sufragio censitario, este tenía que ser menos restringido y defendían la descentralización administrativa.
Se alternaron en el poder mediante pronunciamientos militares, elaborando constituciones y promulgando leyes que reflejaban sus posiciones políticas. Según esto se suceden los siguientes períodos:
Destacamos primero el gobierno moderado (1833-1835) bajo la dirección de doceañistas como Martínez de la Rosa quien propuso el Estatuto Real, que se trataba de una carta otorgada para la formación unas Cortes estamentales con dos cámaras de carácter consultivo y la nueva organización territorial del estado por Javier de Burgos.
Siguieron a este gobierno los progresistas (1836-1837), tomaron el poder y restablecieron la Constitución de 1812 mediante el Motín de Sargentos en la Granja, donde veraneaba la familia real. Promulgaron la Constitución de 1837, que mantenía el espíritu de Cádiz de la división de poderes y la importancia concedida a los derechos individuales, pero reforzaba el poder de la corona (derecho de veto y disolución de Cortes, poder legislativo compartido entre las Cortes y el rey) y establecía Cortes bicamerales con la introducción de una nueva cámara, el Senado de designación real. Además, la confesionalidad católica del Estado permite otros credos. La combinación de elementos progresistas y conservadores de esta Constitución, es fruto de la guerra que el país está viviendo, y que implica que sea más importante la unión de todos los liberales que la imposición de un modelo u otro. Otros aspectos a destacar fueron la Desamortización de Mendizábal sobre los bienes del clero, para conseguir fondos para la guerra carlista y supresión congregaciones religiosas (no dedicadas a la enseñanza, labor sanitaria…), Ley de Imprenta, Ley electoral que fijó sufragio restringido y autonomía política de los ayuntamientos, elegidos por los vecinos sin intervención del poder central.
En 1937 ganaron las elecciones los moderados que asentaron sus principios, gobernaron de manera autoritaria y propusieron la Ley de Ayuntamientos. Los progresistas sintiéndose expulsados e impidiendo la aprobación de la nueva ley recurrieron a la insurrección y María Cristina tras apoyar a los moderados, renunció a la regencia y se exilió, siendo ahora asumida por Espartero.
Espartero (1840-1843), con gran prestigio tras la guerra carlista, comenzó con un un claro impulso de libertades, pero derivó a un marcado autoritarismo y perdió popularidad. Un arancel librecambista que abría el mercado a los tejidos de algodón ingleses afectaría a la industria catalana, y se produjo un levantamiento en Barcelona. Espartero respondió con una dura represión, bombardeó la ciudad y hundió definitivamente su prestigio. Los moderados y algunos progresistas, liderados por Narváez, dieron un golpe de Estado que obligó a Espartero a exiliarse. Se adelantó la mayoría de edad de Isabel II, proclamada reina a los trece años.
A continuación, Década Moderada (1844-1854), los moderados acometieron reformas como la creación de la Guardia Civil para mantener el orden público, el Concordato con el Vaticano (1851) por el que el Papado aceptaba a Isabel II y la desamortización que a partir de entonces quedaba suspendida, la promulgación de un nuevo Código Penal (1848) y la Constitución de 1845, la cual asume los principios del liberalismo censitario: soberanía compartida entre Corona y Cortes, senado de nombramiento real y vitalicio, supresión de la Milicia Nacional, sufragio muy restringido, pérdida de autonomía municipal, catolicismo como religión del estado.
El pronunciamiento de Vicálvaro, por parte del general O’Donell, acabó con la etapa moderada debido al poder cada vez más dictatorial del gobierno y sus divisiones internas. El golpe se radicalizó tras la publicación por los rebeldes del Manifiesto de Manzanares que exponía una serie de reivindicaciones e hizo que consiguiera un amplio respaldo popular y animó a otros generales como Serrano a unirse. Ante esta situación, Isabel II entregó el poder a los progresistas. La reina llamó a formar gobierno a Espartero.
Durante el Bienio Progresista (1854-1856), se elaboró la Constitución de 1856 que no llegaría a publicarse; desamortización de Madoz, la cual enajena bienes municipales, se restauró la Milicia Nacional, autonomía municipal y diputaciones, Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley Bancaria y creación del Banco de España.
En ese momento, las fuerzas políticas liberales se habían ampliado exigiendo una profundización y ampliación de las libertades ciudadanas y poniendo en cuestión incluso la monarquía como forma de gobierno. A la izquierda del progresismo, se consolidaron las cuestiones demócratas y republicanas.
En 1856, se produjo un nuevo pronunciamiento militar liderado por O’Donnell debido a la inestabilidad del gobierno y se creó la Unión Liberal que pretendía el mantenimiento del orden ante el desarrollo creciente del movimiento obrero y demócrata. Meses después, vuelve el poder a Narváez y los moderados aprobaron la primera gran Ley de Educación (1857).
De 1858 a 1863 la reina confió el gobierno a la Unión Liberal. Durante estos años la acción exterior dominó la vida política.
A partir de 1866, el moderantismo está acosado por tres graves problemas; la demanda social de participación política, la corrupción y descrédito de la corte de Isabel II y la grave crisis económica y financiera. Tras reprimir con fusilamientos la sublevación de Sargentos del cuartel de San Gil y las manifestaciones por la expulsión de catedráticos demócratas se produjo la alianza entre progresistas y demócratas, el Pacto de Ostende, que llevaría a la revolución de septiembre de 1868; La Gloriosa, que supuso la caída de Isabel II y el fin de la dinámica de enfrentamientos entre progresistas y moderados. A partir de ese momento, la lucha entre las distintas facciones liberales dejó el paso a la que enfrentaría a fuerzas democráticas y reaccionarias.