Las 3 etapas de la Guerra Fría

TEMA 14. LA CRISIS DEL ESTADO LIBERAL, LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA Guerra Civil


14.1.1. PANORAMA GENERAL DEL REINADO DE Alfonso XIII. CRISIS Y QUIEBRA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN. LA GUERRA DE Marruecos. El fracaso de las propuestas regeneracionistas originó una serie de crisis que contribuyeron a su final.

Aunque las derrotas coloniales no produjeron una profunda crisis económica ni grandes cambios políticos, algunos intelectuales empezaron a cuestionar el sistema.

Después de 1898, el gobierno realizó algunas reformas para intentar regenerar el sistema, pero sin la idea de una transformación radical. La inestabilidad política producida tras la muerte de Cánovas (1897) y Sagasta (1903) se intensificó con la llegada al trono de Alfonso XIII (1902 – 1931), ya que este rey, a diferencia de sus antecesores, participó en la política y apoyó el intervencionismo militar.

La mayoría de las reformas de los gobiernos conservadores, dirigidos por Francisco Silvela y por el general Polavieja, se dio durante el gobierno largo de Antonio Maura (1907 – 1909), que pretendía reformar el sistema para poderlo mantener. Llevó a cabo políticas económicas intervencionistas y potenció la legislación social para mitigar el radicalismo obrero. Fue destituido por la dura represión que ejercíó en los conflictos sociales de 1909.

Las reformas de los liberales (1905 – 1907), se redujeron al ámbito religioso, para limitar el papel de la Iglesia en la sociedad, lo cual provocó inestabilidad en el partido, ya que sus bases sociales eran conservadoras y católicas. En 1910, los liberales recuperaron el poder con José Canalejas, que intentó aplicar un nuevo programa regeneracionista.

Las propuestas de renovación desde fuera del sistema provinieron de los regionalistas, los republicanos y el movimiento obrero. El mayor éxito del catalanismo fue la creación de la Mancomunidad de Cataluña (1914), que, aunque sólo tenía algunas competencias administrativas, se concibió como un órgano de poder propio de Cataluña y como un primer paso hacia el autogobierno.

El vasquismo, representado por el Partido Nacionalista Vasco de Sabino de Arana, tenía una orientación tradicionalista, católica e independentista que le había restado apoyos sociales. En 1921 se produjo una escisión entre los partidarios y los contrarios a colaborar con el sistema.

Los demás regionalismos, aún incipientes, no consiguieron éxitos electorales. En Andalucía se inició una corriente regionalista a partir de 1910, con Blas Infante.

El republicanismo, con base en las capas medias urbanas, fue la principal oposición parlamentaria antimonárquica


Del republicanismo histórico sólo subsistía Nícolás Salmerón, que fundó Uníón Republicana en 1903. El lerrouxismo restó influencia al catalanismo y al movimiento obrero, el cual no tuvo suficiente capacidad para imponer cambios sociopolíticos.

El socialismo (PSOE) defendíó las reivindicaciones obreras y las reformas socio-laborales, rechazando la vía insurreccional, pero sólo contó con el escaño de Pablo Iglesias (1910). Su sindicato, la Uníón General de Trabajadores (UGT), tuvo gran influencia.

El embarque de las tropas en el puerto de Barcelona llevó a un movimiento de protesta, iniciado con una huelga general convocada por las organizaciones obreras y los lerrouxistas.
El gobierno declaró el estado de guerra y utilizó el ejército para reprimir la manifestación, lo cual desencadenó una insurrección popular que tomó un carácter antimilitar, pero sobre todo anticlerical (Semana Trágica). Estos hechos fueron seguidos de una dura represión, que incluyó la ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia, lo que provocó una oleada de protestas internacionales que contribuyeron al desprestigio del gobierno y de la monarquía. La estabilidad política comenzaba a tambalearse.

La crisis militar, política y social de 1917, decisiva para la descomposición del sistema de la Restauración, fue la consecuencia de una situación inestable que se venía gestando desde 1913, provocada por el desprestigio de los partidos dinásticos, que se intensificó con el impacto de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918).

Superada la crisis de la Semana Trágica y pacificada temporalmente la situación en Marruecos, se vivieron algunos años de cierto auge económico favorecido por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pero pronto se intensificaron las tensiones sociales y la crisis del turnismo.

Ante el estallido de la guerra, España adoptó una posición neutral, pero la opinión pública se dividíó entre aliadófilos (partidarios de Francia y el Reino Unido), básicamente liberales y progresistas, y Germánófilos (partidarios de los imperios centrales), los sectores más conservadores.

En 1913, el nombramiento del conservador Eduardo Dato como jefe de gobierno originó la escisión de los seguidores de Maura. La situación de los débiles gobiernos de entre 1913 y 1917 contribuyó al desprestigio del sistema.

El ejército, básico para el mantenimiento de la monarquía, empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida política, a causa de la inestabilidad gubernamental, de una nueva ley que establecía el ascenso por méritos de guerra (por lo que sólo se beneficiaba el ejército de Marruecos) y de los bajos salarios.
El ejército formó Juntas de Defensa para defender sus intereses económicos y profesionales. Presionaron al poder civil, que las legalizó, por lo que la autonomía e injerencia política del ejército fueron cada vez mayores.

Como respuesta al clima de tensión, Eduardo Dato decretó la censura de prensa y la suspensión de las garantías constitucionales y de las Cortes. La poca cohesión y el rechazo por parte de las Juntas de Defensa, situadas junto al gobierno, llevaron a la disolución de la Asamblea de Parlamentarios.

Se creó un comité de acción conjunto CNT-UGT. La movilización se extendíó por Asturias, el País Vasco, Madrid y Cataluña, pero no fue apoyada ni por la Asamblea de Parlamentarios ni por el ejército, que reprimíó duramente la huelga.

Dato, que había vuelto a formar gobierno en 1917, logró controlar la crisis, apoyado por el ejército y por la burguésía reformista de la Asamblea de Parlamentarios. Todo ello condujo a la quiebra de la monarquía parlamentaria. Estos gobiernos, con dirigentes como el liberal García Prieto o Maura (1918), que tuvo a Cambó como ministro de Fomento, fracasaron, por lo que se volvíó al turno, pero los partidos no consiguieron mayorías. Entre 1918 y 1923 hubo trece gobiernos; los militares forzaban cambios gubernamentales según sus intereses, con apoyo de Alfonso XIII.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial (1918), se intensificó la crisis económica, por lo que aumentó la conflictividad social, radicalizada por el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917, que había conseguido la victoria del socialismo en aquel país.

El descontento de los obreros fue canalizado por los sindicatos (UGT, CNT), en un proceso de expansión creciente. En Andalucía, las malas condiciones de vida de los jornaleros andaluces provocaron el trienio bolchevique (1918 – 1921).

Barcelona fue el principal foco de violencia social entre 1919 y 1923, a causa de la gran fuerza de la CNT y de la intransigencia de la patronal. Con la mediación del gobierno, se consiguió un acuerdo por el que se readmitía a los despedidos y se conseguía la jornada laboral de ocho horas.

Sin embargo, la oposición patronal a la liberación de detenidos recrudecíó el conflicto: los empresarios cerraron empresas, crearon una milicia privada y lucharon contra los líderes sindicales, con violencia por ambas partes. En 1921 se aprobó la Ley de Fugas, que permitía matar a los detenidos que intentaran huir.

La ocupación militar del protectorado español en Marruecos estaba resultando difícil y costosa para el ejército, mal preparado y carente de recursos.

El último gobierno de concentración, presidido por el liberal García Prieto (1922), pensaba reformar la Constitución, la Hacienda, la economía y la política marroquí. Sin embargo, el ejército puso fin al sistema de la Restauración mediante un golpe militar.

El golpe fue aprobado por el rey Alfonso XIII y apoyado por los sectores sociales conservadores, que deseaban la paz social para aprovechar el auge económico de los años veinte. El ejército instauró una dictadura militar.

Algunos de los ideólogos del nuevo régimen exaltaron el fascismo italiano de Mussolini, que había subido al poder en 1922, e intentaron imitar algunos de sus aspectos; sin embargo, la dictadura no fue un régimen fascista, sino una dictadura militar autoritaria. Para restablecer el orden social, se abolieron algunas libertades y se ejercíó represión contra los sectores más radicales del movimiento obrero, mediante una milicia especial de defensa. Se combatieron los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán. Ante lo favorable de la situación, intentó institucionalizar la dictadura sustituyendo el directorio militar por un directorio civil.

El directorio civil se constituyó en 1925 como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado por militares y por miembros de la Uníón Patriótica. Inició una política social y económica intervencionista que tuvo éxito, respaldado en parte por la favorable situación económica internacional, y que se mantuvo hasta 1930.

El Estado orientó su política económica a fomentar las obras públicas y a crear grandes monopolios. Cabe destacar la cesión del monopolio telefónico a una empresa norteamericana que creó la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924, y la creación de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) en 1927.

La ausencia de reformas estructurales en la agricultura mantuvo al campo español en su atraso. Esta situación mantuvo el débil mercado interior heredado del Siglo XIX, lo que dificultó la expansión industrial. La universidad también se uníó a la oposición, con organizaciones como la Federación Universitaria Escolar (FUE) y con tendencias cada vez más orientadas hacia el republicanismo.

La oposición fue creciendo


A partir de 1928, se intensificaron las críticas a la dictadura a causa de la crisis económica, la agitación social y la progresiva retirada de confianza de oficiales del ejército hacia el dictador. Los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE firmaron el Pacto de San Sebastián (1930), por el que se comprometían a proporcionar una alternativa a la monarquía, constituyendo un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República. En Febrero de 1931 se formó el último gobierno monárquico, presidido por el almirante Aznar. El rey pretendía volver al sistema de la Restauración, restituyendo la Constitución de 1876 y convocando elecciones, pero después de los acontecimientos vividos, el cambio de sistema político era ya inevitable.

14.1.2. LA DICTADURA DE Primo de Rivera (1923 – 1930)

El 13 de Septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un Golpe de Estado y suspendíó las garantías constitucionales. El golpe se justificó por motivos como la violencia social, la radicalización del catalanismo, el descrédito del sistema parlamentario y la inexistencia de una oposición política eficaz. La situación empeoró, además, a causa del desastre de Annual, cuya responsabilidad alcanzó al propio monarca.

El golpe fue aprobado por el rey Alfonso XIII y apoyado por los sectores sociales conservadores, que deseaban la paz social para aprovechar el auge económico de los años veinte. El ejército instauró una dictadura militar.

Algunos de los ideólogos del nuevo régimen exaltaron el fascismo italiano de Mussolini, que había subido al poder en 1922, e intentaron imitar algunos de sus aspectos; sin embargo, la dictadura no fue un régimen fascista, sino una dictadura militar autoritaria.

En una primera etapa provisional, Primo de Rivera asumíó todos los poderes al frente de un directorio militar que suspendíó la Constitución, disolvíó las Cortes, prohibíó los partidos políticos, censuró la prensa y disolvíó las diputaciones. Para restablecer el orden social, se abolieron algunas libertades y se ejercíó represión contra los sectores más radicales del movimiento obrero, mediante una milicia especial de defensa. Se combatieron los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán. Además, este hecho potenció la influencia del sector “africanista” dentro del ejército. La victoria en Marruecos afianzó el poder personal de Primo de Rivera, que, además, consiguió restablecer la paz social. Ante lo favorable de la situación, intentó institucionalizar la dictadura sustituyendo el directorio militar por un directorio civil.

El directorio civil se constituyó en 1925 como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado por militares y por miembros de la Uníón Patriótica. Inició una política social y económica intervencionista que tuvo éxito, respaldado en parte por la favorable situación económica internacional, y que se mantuvo hasta 1930.

El Estado orientó su política económica a fomentar las obras públicas y a crear grandes monopolios. Cabe destacar la cesión del monopolio telefónico a una empresa norteamericana que creó la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924, y la creación de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) en 1927.

La ausencia de reformas estructurales en la agricultura mantuvo al campo español en su atraso. Esta situación mantuvo el débil mercado interior heredado del Siglo XIX, lo que dificultó la expansión industrial. La universidad también se uníó a la oposición, con organizaciones como la Federación Universitaria Escolar (FUE) y con tendencias cada vez más orientadas hacia el republicanismo.

La oposición fue creciendo


Los republicanos, divididos, fundaron la Alianza Republicana (1926) y, junto con el socialismo, se perfilaron como la única opción renovadora, a la que se adhirieron el mundo académico e intelectual, los estudiantes y algunos sectores del ejército.

En este clima de malestar y creciente oposición al régimen, el rey Alfonso XIII, temeroso de que el desprestigio creciente de la dictadura afectase a la imagen pública de la Monarquía, retiró su apoyo a Primo de Rivera. El rey pretendía volver al sistema de la Restauración, restituyendo la Constitución de 1876 y convocando elecciones, pero después de los acontecimientos vividos, el cambio de sistema político era ya inevitable.

14.2.2. LA SEGUNDA REPÚBLICA: EL BIENIO RADICAL-CEDISTA. LAS ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR

Las elecciones de Noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha, y el nuevo ejecutivo comenzó el desmantelamiento de las reformas del bienio anterior. Los gobiernos se estructuraron alrededor de dos fuerzas políticas, el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de José María Gil Robles.

El nuevo gobierno presidido por Lerroux paralizó buena parte del proyecto reformista anterior.
En el campo se frenó la reforma agraria, por lo que los propietarios buscaron desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos realizaron numerosas huelgas. El gobierno también se enemistó con los nacionalistas vascos, al paralizar la discusión en el Parlamento del proyecto de estatuto impulsado por el PNV.

Para contrarrestar la reforma religiosa se establecíó la dotación de un presupuesto para culto y clero; también se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. La reforma militar y los cambios en la educación siguieron vigentes, y se promulgó la Ley de Arrendamientos rústicos.

El giro conservador y la suspensión de las reformas llevaron a la radicalización del PSOE y de la UGT. Su sector más izquierdista, con Francisco Largo Caballero, no quería colaborar más con las fuerzas burguesas y propiciaba la revolución social, mientras el sector más moderado, con Indalecio Prieto, buscaba colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar la República y profundizar en las reformas.

El enfrentamiento con los nacionalistas catalanes y vascos, la radicalización de los socialistas y la proliferación de huelgas y conflictos llevaron a la CEDA a endurecer su posición, exigiendo colaboración al gobierno. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa ugetista y con escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades, que, aunque fracasaron por la falta de coordinación y porque el gobierno decretó el estado de guerra, adquirieron una especial relevancia en Asturias y Cataluña.

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. Sitiaron Oviedo y formaron patrullas para defender la revolución, pero el gobierno mandó al Principado desde África a la Legión para luchar contra ellos. La violencia y radicalización del conflicto asturiano fue un preludio de lo que ocurriría dos años después con el estallido de la Guerra Civil.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el 6 de Octubre la República catalana dentro de la República Federal española, mientras una alianza de fuerzas obreras organizaba una huelga general. Azaña, que se encontraba en Barcelona, fue encarcelado y en Madrid también fueron detenidos varios líderes del Comité de huelga, entre ellos Largo Caballero.

La revolución de Octubre tuvo notables repercusiones. La dura represión uníó a las fuerzas de izquierda, hasta entonces divididas, contra la política del gobierno y en torno a un programa común que exigía la amnistía para todos los detenidos. La reforma de la Constitución era la gran aspiración política de Gil Robles, y aunque tanto los radicales como el presidente de la República, Alcalá Zamora, se mostraron favorables a ello, discrepaban en su real alcance. Además, el Partido Radical se vio afectado por escándalos de corrupción, como el “caso del estraperlo” o la malversación de fondos por parte de varios políticos radicales, que agravaron las diferencias entre radicales y cedistas y desprestigiaron a los radicales.

El clima político se enrarecíó y la falta de una mayoría parlamentaria que sustentase el programa del gobierno hizo imprescindible un relevo en el poder. Gil Robles intentó que se le nombrara presidente de Gobierno para poder aplicar el programa de su partido, pero Alcalá Zamora se negó y decidíó convocar nuevas elecciones para Febrero de 1936.

Los enfrentamientos políticos durante el llamado Bienio Negro y la necesidad de unir las fuerzas de izquierda contra el gobierno conservador propiciaron que en las elecciones del 16 de Febrero de 19336 se formasen dos bloques antagónicos. Pero las derechas no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado.

En las elecciones, el Frente Popular obtuvo el 48% de los votos, la derecha consiguió el 46,5% y las fuerzas de centro, el 5,4%. La derecha obtuvo buenos resultados y aumentó su fuerza en las dos Castillas, León, Navarra y parte de Aragón, mientras la izquierda obténía la mayoría en las grandes ciudades y en las regiones del litoral.

El triunfo del Frente Popular no fue aceptado por los sectores más conservadores de la sociedad, que iniciaron una conspiración contra la República, mientras los sindicatos y partidos obreros exigían la continuación de las reformas del primer bienio republicano.

El triunfo electoral comportó la reorganización de la República. El Gobierno, formado exclusivamente por ministros republicanos pero apoyado por los socialistas, puso en marcha el programa pactado en la coalición electoral. El gobierno de la Generalitat volvíó de nuevo al poder y se restablecíó el Estatuto de autonomía, mientras se iniciaban las negociaciones para la aprobación de un estatuto para el País Vasco y otro para Galicia.

El nuevo Gobierno reanudó el proceso reformista interrumpido durante el bienio radica-cedista (1933-1936), con un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios. Para frenar el golpismo, apartó del poder a algunos generales y los trasladó a otros destinos (Franco, a Canarias, y Mola, a Navarra).

El triunfo de las izquierdas creó un clima de tensión social. Los anarquistas defendían la revolución, mientras un sector del socialismo, encabezado por Largo Caballero, también se orientaba hacia soluciones radicales, aproximando sus posturas a las del Partido Comunista.

Entre la derecha, Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil, recurriendo a la violencia callejera; grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas. Los enfrentamientos entre militantes de derecha e izquierda se propagaron entre Febrero y Julio de 1936; el desorden público se extendía por buena parte de España. Este clima de violencia fue el detonante para que entre los sectores más conservadores empezara a tomar cuerpo la idea del Golpe de Estado militar como única solución. El jefe de la sublevación sería el general José Sanjurjo, sublevado y condenado en 1932, que vivía exiliado en Portugal.

La conspiración contaba con el apoyo de las fuerzas políticas más derechistas, que colaboraron en la creación de una red de enlaces militares y civiles para extender el movimiento conspirador y buscar apoyos. Se planeó el alzamiento insurreccional de los grupos políticos que poseían “milicias políticas”, como la Comunión Tradicionalista o la Falange Española de las JONS. Los de la CEDA deseaban la vuelta a la Monarquía alfonsina; los fascistas y falangistas, un régimen a la italiana; y los carlistas, la instauración de la “Monarquía Tradicional”.

Los hechos se precipitaron con el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo el 14 de Julio, como respuesta al asesinato anterior del teniente Castillo, aunque la sublevación ya estaba decidida. Se inició en Marruecos el 17 de Julio y el 18 se extendíó a toda la Península. El fracaso del golpe militar en buena parte de España desencadenó una Guerra Civil que se prolongaría durante tres años.

14.3.1. LA Guerra Civil: LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA. EL DESARROLLO DEL CONFLICTO: ETAPAS Y EVOLUCIÓN DE LAS DOS ZONAS. Un sector del ejército dio el 18 de Julio de 1936 un golpe militar que fracasó y se convirtió en una Guerra Civil que dividíó España en dos zonas hasta 1939. Los generales implicados eran monárquicos como Fanjul y Goded, tradicionalistas como Varela, republicanos como Gonzalo Queipo de Llano y Cabanellas, y otros de difícil adscripción política, como Mola, Sanjurjo y Franco. El golpe, apoyado por las milicias carlistas y falangistas, se inició el 17 de Julio en Melilla, y el 18, Franco voló desde Canarias hacia Marruecos y tomó el mando del ejército de África.

El gobierno reacciónó con indecisión y pasividad. En cambio, en Madrid y Barcelona la rebelión, encabezada por Fanjul y Goded respectivamente, fue sofocada.

El presidente, Casares Quiroga, dimitíó el 18 de Julio. El bando republicano (rojo) y el sublevado (nacional) se enfrentaron en una Guerra Civil.

Los republicanos controlaron la franja cantábrica, el País Vasco excepto Álava, la cuenca mediterránea desde Cataluña hasta Málaga, Castilla-La Mancha (incluyendo Madrid), y buena parte de Extremadura y de Andalucía oriental, menos Granada.

Los nacionales tenían recursos industriales de menos envergadura, pero controlaron la principal zona cerealista. A ellos se uníó, desde el mes de Agosto, el ejército de África, con 47.000 efectivos.

Desde que la sublevación se convirtió en Guerra Civil hasta su fin el 1 de Abril de 1939 con el Parte de Guerra, el conflicto atravesó militarmente cuatro grandes etapas:

1

El conflicto se inició con el avance hacia Madrid, mediante la guerra de columnas. La resistencia republicana, con el comandante Rojo y las brigadas internacionales, concluyó la fase de la guerra de columnas.

2.
Batallas alrededor de Madrid y ocupación del Norte (Diciembre 1936-Octubre 1937). En la Batalla del Jarama (Febrero 1937), Franco fracasó en el intento de ocupar la capital; en la Batalla de Guadalajara (Marzo 1937), las tropas fascistas italianas aliadas de Franco fueron derrotadas por el Ejército Popular. La zona industrial y minera pasó a manos de los nacionales; Bilbao, Santander y Asturias fueron ocupados y los republicanos fueron derrotados en Brunete (Madrid) y Belchite.

3. La ofensiva hacia el Mediterráneo (Noviembre 1937-Junio 1938)

Los republicanos son derrotados en la batalla de Teruel (invierno 1937-1938), y los nacionales llagan al Mediterráneo por Vinaroz en Abril, atravesando el Maestrazgo, con lo que la zona republicana queda dividida en dos zonas (Cataluña y zona centro).

Franco avanza hacia el sur, hacia Castellón y Valencia (capital de la República), y los republicanos realizan un ataque sobre el Ebro en la provincia de Tarragona.

4. La batalla del Ebro y el fin de la guerra (Julio 1938-Abril 1939)

En la batalla del Ebro, la mayor de la guerra, Franco derrotó a los republicanos y cruzó el río Ebro en su desembocadura. El gobierno, con Negrín y Azaña, abandonó España. En Febrero de 1939, la única zona republicana era la zona centro, que incluía Madrid y la regíón mediterránea desde el norte de Valencia hasta Almería. En Febrero de 1939, Inglaterra y Francia reconocieron el gobierno de Franco y los nacionales.
Al comienzo de la guerra, el poder del Estado republicano se fragmentó entre diversas organizaciones sindicales y partidos obreros o nacionalistas.

Entre Julio y Octubre de 1936 se desencadenó un proceso revolucionario espontáneo en la zona republicana y el poder se repartíó en múltiples juntas, comités, milicias y organismos revolucionarios, que, a nivel regional, provincial y local, suplantaron el poder del gobierno central.

Desbordado por el proceso revolucionario y bélico, el gobierno Giral dimitíó y, el 5 de Septiembre de 1936, se creó un gobierno de coalición presidido por Francisco Largo Caballero y formado por socialistas, comunistas, republicanos, nacionalistas y, desde Noviembre, por la CNT. En Cataluña, un nuevo gobierno de la Generalitat, con republicanos, comunistas y anarquistas, se impuso al Comité de Milicias Antifascistas, y en el País Vasco se constituyó el gobierno autónomo presidido por José Antonio Aguirre.

A pesar de estos esfuerzos, las diferencias entre las distintas tendencias afloraron pronto dentro del gobierno. La Junta prohibíó los partidos políticos, suspendíó la Constitución y paralizó la reforma agraria en los territorios conquistados. Franco fue nombrado Jefe del Partido y Jefe del Gobierno del Estado.

Antes de terminar la guerra se promulgó el Fuero del Trabajo (1938), una de sus leyes fundamentales, que sentó las bases del sindicalismo vertical, y la Ley de Responsabilidades políticas (Febrero 1939), con carácter retroactivo, que abolíó los gobiernos vasco y catalán.

14.3.2. LA Guerra Civil: LA DIMENSIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

La “guerra de España”, como se la conocíó en el mundo, fue uno de los acontecimientos que más apasionó y dividíó a los países, a los gobernantes, a los medios de comunicación, a la opinión pública y a los intelectuales hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La opinión democrática progresista mundial estuvo a favor de la República. Los partidos obreros de todo el mundo, con la URSS a la cabeza, se manifestaron decididamente a favor de la República.

Se produjo una inmensa literatura sobre la guerra de España, favorable a uno u otro bando, aunque más proclive en general al republicano. Desde los artículos de periódico hasta los folletos de propaganda, las novelas, el cine y la fotografía de guerra, todos los medios se ocuparon de la Guerra Civil como el gran acontecimiento mundial del momento.

Desde que comenzó el conflicto, ambos bandos pidieron ayuda exterior: tanto armamento como apoyo político. Alemania e Italia enviaron aviones y otras armas a Franco; la República pidió primero ayuda a Francia (aviones, artillería y petróleo) y después establecíó un convenio con la URSS para el suministro de armamento.

La guerra suscitó inmediatamente el temor a su extensión por Europa en medio de una delicada situación de enfrentamiento entre potencias, ya que si alguna de ellas intervénía militarmente en España, la guerra podía internacionalizarse. Para evitar su generalización, se consideró necesario aislar el conflicto.

Gran Bretaña defendía una política de apaciguamiento ante la Alemania nazi y quería evitar un conflicto armado entre fascistas y comunistas. Francia era la potencia más afectada por la guerra, por su cercanía y por sus simpatías hacia la causa republicana, ya que también tenía un gobierno de Frente Popular. Alemania, Italia y la URSS también participaron, con el fin de vigilarse los unos a los otros. Los consejeros militares y políticos soviéticos desempeñaron un papel destacado en la organización táctica de la guerra, ejerciendo su influjo a través, sobre todo, del Partido Comunista.

Las Brigadas Internacionales fueron la gran ayuda internacional en tropas que se prestó a la República. Resultaron esenciales las organizaciones comunistas como el Komintern.

Los nacionales fueron los más favorecidos por el apoyo extranjero. La ayuda alemana e italiana en armas (aviones, carros de combate, artillería, fusiles, municiones) fue la más importante tanto numérica como tácticamente. Alemania envió a su aviación, la Legión Cóndor, cobrando su ayuda en minerales y otros productos estratégicos; Italia envió una gran unidad, el Corpo di Truppe Volontarie, además de ayuda armamentística. También les apoyaron voluntarios portugueses, irlandeses y de otras nacionalidades.

En la guerra hubo víctimas por diversas causas: los combates, la represión del enemigo en ambos bandos y las penalidades de la retaguardia. Desde el comienzo de la guerra, en ambos bandos se practicó la persecución indiscriminada e ilegal de todos los contrarios, de todos los que ofrecían resistencia o se mostraban partidarios del enemigo. También se produjo el asesinato de presos políticos en la Cárcel Modelo de Madrid (Agosto 1936) o en Paracuellos del Jarama (Noviembre), los cuales aceleraron que el Estado se hiciese con las riendas de la Justicia al establecer los Tribunales Populares. Se produjeron graves matanzas de civiles en Málaga, Sevilla o Badajoz; fueron asesinadas personas relevantes como Federico García Lorca, Lluís Companys (presidente de la Generalitat), el anarquista Juan Peiró, Julián Besteiro y diversos políticos.

Desde el principio de la guerra, grupos de población civil de la zona republicana tuvieron que abandonar sus hogares ante el avance de las tropas nacionales. La población del norte huyó por mar hacia otros países; se dio prioridad a los niños, por lo que cerca de 13.000 fueron embarcados hacia diversos países europeos, americanos o hacia la URSS. Gran parte de los refugiados fueron conducidos por gendarmes a campos de concentración improvisados en las playas cercanas de Argelès y St. Cyprien.

En pocos meses, volvieron aproximadamente la mitad de estos refugiados a España




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