COMPOSICIÓN DESAMORTIZACIÓN

En el Antiguo Régimen diversas normas limitaban la producción agrícola, por eso la burguésía liberal era partidaria de impulsar una reforma agraria, convirtiendo la tierra en un bien libre, privado, particular e individual. Para eso era necesario abolir el Antiguo Régimen y desamortizar (vender en puja pública) los bienes de manos muertas eclesiásticas, los baldíos, las tierras de comunes (usadas libremente por los vecinos) y las propias de los Ayuntamientos. Estos documentos nos presentan, en relación a este proceso de liberación de las propiedades agrícolas, la desamortización de los progresistas Mendizábal y Madoz en 1836 y 1855 respectivamente, y la valoración a posteriori del historiador Fontana sobre esta política liberal.

Sin embargo, las medidas tomadas por estos políticos no eran novedosas (habían sido estudiadas por los ilustrados y recogidas por Jovellanos en su Informe sobre la Ley Agraria de 1795), pues ya durante la revolución liberal, las Cortes de Cádiz promulgaron el 1813 varios decretos expropiando y poniendo en venta las popiedades de los afrancesados, las órdenes militares y los conventos suprimidos, aunque bien es cierto que estas medidas no pudieron ser aplicadas por completo, pues en 1814 volvíó a España Fernando VII, restaurando el absolutismo. Durante el Trienio Liberal, tras el triunfo del pronunciamiento de Riego de 1820, los liberales volvieron a poner en venta los bienes de la Inquisición y de conventos suprimidos, pero de nuevo estas medidas serían paralizadas por el restablecimiento del absolutismo por Fernando VII, y no volverían a ponerse en marcha hasta 1835.//Precisamente el documento 1 -dirigido a la Reina, pues en el momento en el que fue expedido ocupaba el trono como regente María Cristina de Borbón- se refiere a la desamortización de los años 1835 y 1836, llevada a cabo por el progresista Mendizábal, y explica los objetivos de estas medidas. Éstos consistían en reformar el régimen de propiedad de la tierra, convirtiendo la que estaba ligada a comunidades religiosas en bienes individuales y libres (“vivificar una riqueza muerta”) y conseguir apoyos para la causa liberal, debilitando al mismo tiempo a la Iglesia. Además, se pretendía cubrir los gastos que ocasionaba al Estado la I Guerra Carlista (1833-1839) y reducir la deuda pública para reformar el sistema tributario (“dar garantía positiva a la deuda nacional”). Así, Mendizábal comenzó la desamortización eclesiástica mediante dos decretos que afectaban al clero regular (monasterios y conventos): el decreto de 1835 suprimía todos los monasterios de órdenes monacales, exceptuando aquellos que realizasen servicios sociales (cuidado de enfermos, educación etc.), y el decreto de 1836 declaraba en venta todos los bienes raíces (tierras, edificios…) de estas instituciones suprimidas (“quedan declarados en venta todos los bienes raíces de cualquier clase que perteneciesen a comunidades y corporaciones religiosas extinguidas”).//Estas desamortizaciones a la Iglesia iniciadas por Mendizábal fueron completadas durante la regencia del progresista Espartero (1840-1843), que mediante el decreto de 1841 nacionalizaba y ponía en venta los bienes del clero secular. Sin embargo, a partir del año 1844, durante la década moderada (1843-1854) del reinado personal de Isabel II (1843-1868), estas desamortizaciones fueron paralizadas. Los gobiernos moderados firmaron un acuerdo con el Vaticano -Concordato de 1851- por el que la Iglesia aceptaba las ventas ya realizadas a cambio de que se sostuviese económicamente al clero y se declarase el catolicismo religión del Estado.//Sin embargo, este proceso desamortizador se reanudó durante el bienio progresista (1854-1856), período en el que el ministro de Hacienda Madoz aprobaba la Ley General de Desamortización, iniciando el proceso de desamortización civil. El documento 2 es un extracto de esta Ley, promulgada en 1855, que finalizaba la desamortización eclesiástica (vendiendo lo que aún quedaba sin poner a la venta) y ordenaba la venta de bienes del Estado y los ayuntamientos: baldíos, bienes de comunes y propios (“se declaran en estado de venta […] todos los predios […] pertenecientes al Estado, al clero, a Órdenes Militares”). Se puso en venta, para construir el ferrocarril, el 20% del territorio español -un 50% de las tierras cultivables-, que fueron compradas por campesinos ricos, la nobleza terrateniente y la burguésía comercial. Con estas compras no sólo aumentaron su patrimonio y su prestigio social, sino que en ocasiones hicieron buenos negocios gracias al aumento de precios agrarios y la demanda de la población.

Estas desamortizaciones consiguieron transformar el régimen de propiedad de la tierra, consolidándola como un bien privado y afianzando el régimen liberal. Sin embargo, las víctimas de este proceso fueron no sólo la Iglesia -que tuvo importantísimas pérdidas artísticas debido al abandono de monasterios- y los municipios, sino también los campesinos y jornaleros más pobres, que se vieron afectados muy negativamente, pues se beneficiaban de la caridad eclesiástica y de los bienes de comunes (así, al privatizarse estas tierras aumentaron los latifundios y se produjo lo que conocemos como éxodo rural). Además, vieron endurecidos sus contratos de trabajo y arrendamiento.//Sin embargo, desde el punto de vista socio-económico hay distintas opiniones, la más optimista nos la expone el historiador Josep Fontana en el documento 3, un fragmento historiográfico en el que opina que el balance de la desamortización es provechoso, pues supuso la construcción del ferrocarril (2para financiar la construcción de la red ferroviaria”) y ayudó al Estado a pagar las deudas de la guerra (“en la etapa de Mendizábal, para salvarlo de la bancarrota”). Otros expertos -como Tomás y Valiente- opinan que estas medidas desamortizadoras fueron ante todo una ocasión perdida para conseguir que los campesinos accediesen a la propiedad agrícola, al incrementarse los latifundios agrarios pero sin investir en su modernización (Fontana, en cambio, defiende que en ningún caso estos campesinos tendrían capital para comprarlas). Además, se culpa a las desamortizaciones de contribuir al atraso de la industrialización, al desviarse las ganancias a la compra de tierras en lugar de a la inversión industrial.//En Galicia, la desamortización tuvo una serie de carácterísticas especiales debido a la particular organización de los montes comunales (que no eran propiedad e los ayuntamientos, sino de los vecinos) y a la vigencia del sistema foral. Las tierras gallegas se explotaban mediante contratos de arrendamiento de larga duración, que reconocían, para una misma parcela, varios derechos distintos para grupos diferentes. Los campesinos cultivadores tenían el dominio útil, pagaban las rentas y no podían ser expulsados de la tierra. Los dueños de las tierras (nobleza, catedrales u órdenes religiosas) poseían el dominio eminente y cobraban parte de las rentas. La otra parte iba a parar a los hidalgos locales, que ejercían de intermediarios. Dadas estas condiciones especiales, la desamortización en Galicia no puso a la venta las tierras, sino el derecho a percibir rentas por esas tierras (y en una mínima proporción la propiedad plena de la tierra). Así, los campesinos pasaban a pagar rentas a los nuevos propietarios, en lugar de a los conventos y monasterios. Por otra parte, la desamortización de los propios tuvo poca importancia, debido al escaso patrimonio de los ayuntamientos gallegos; y los montes comunales siguieron en manos de los vecinos (que a finales del XIX lograron la redención de los fueros y la propiedad de la tierra, proceso culminado en 1926 con la Ley de redención de fueros).//En conclusión, el proceso desamortizador -esbozado ya durante la revolución liberal- tuvo su etapa de mayor importancia en el reinado de Isabel II, entre 1835 (con la desamortización de Mendizábal) y 1855 (Ley de Ferrocarriles de Madoz). Fue un proceso largo, debido tanto a la ingente cantidad de bienes afectados como a la paralización que supónían los cambios de gobierno y las disputas ideológicas. Hay que tener en cuenta que estas desamortizaciones sólo se producían durante los gobiernos d ellos liberales progresistas, pues los absolutistas y moderados, más cercanos a la Iglesia, los paralizaban. Aunque hay discrepancias en cuanto al balance general de estas medidas, es innegable que supusieron un impulso para el ferrocarril y un alivio económico para la deuda pública, aunque se vieron afectados negativamente el patrimonio artístico y los campesinos más humildes.