La restauración de la monarquía fue promovida por políticos conservadores, hombres
de negocios y militares de alto rango que compartían unos mismos intereses y una
misma concepción del Estado: la defensa del orden social y de la propiedad y la
confianza en la monarquía como garantía de estabilidad.
El nuevo régimen político fue diseñado por el conservador
Cánovas del Catillo, con el
objetivo de superar los problemas de la monarquía de Isabel II: el carácter excluyente
de los partidos cuando alcanzaban el poder, el intervencionalismo del ejército y la
proliferación de enfrentamientos políticos. Sin embargo, no se trataba de un sistema
democrático, porque a diferencia de la etapa del sexenio, no reconocía el sufragio
universal masculino.
Esta nueva etapa debía fundamentarse en una Constitución moderada como marco
jurídico del sistema y en la creación de un sistema bipartidista en el que dos partidos,
conservadores y liberales, se alternasen pacíficamente en el poder (turno dinástico)
La constitución de 1876 favorecíó la estabilidad política. Aunque tenía un claro
carácter conservador, se redactó con cierta flexibilidad con el objetivo de que
gobernaran los dos partidos del turno de manera estable, sin tener que cambiarla cada
vez que un nuevo partido accedía al poder.
-Amplia declaración de derechos y libertades individuales (imprenta, expresión,
asociación y reuníón), aunque se dejaba su posterior regulación al ejecutivo. Los
gobiernos conservadores lo aplicaron de un modo más restrictivo y los liberales en un
sentido más permisivo.
-Un enfoque conservador de la división de poderes basado en la soberanía compartida
entre las Cortes y el rey, que otorgaba amplias competencias a la Corona. El rey ejercía
la jefatura del ejército, elegía libremente al jefe de Gobierno y no era responsable ante
las Cortes. La función legislativa recaía en unas Cortes bicamerales, con un Senado
formado por miembros en función de su cargo o designados por el rey, y un Congreso
de los Diputados, elegido por sufragio directo. Asimismo, se manténía la
independencia de poder judicial.
-El tipo de sufragio quedaba a decisión del gobierno.
La Ley Electoral de 1878,
tramitada por los conservadores, establecíó el voto censitario, limitado a los mayores
contribuyentes, lo que únicamente incluía al 3% de la población.
El sufragio universal masculino se aprobó en 1890 bajo un gobierno liberal, si bien su
eficacia fue anulada por el fraude y la corrupción electoral.
-El reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Estado, que asignaba a la
Iglesia el control de la educación. Además, garantizaba un presupuesto para el
sostenimiento del culto y del clero.
-El carácter centralista de sistema, que ponía ayuntamientos y diputaciones bajo el
control del gobierno y garantizaba la vigencia de las mismas leyes en todo el país al ser
suprimidos los fueros vascos.
Cánovas concibió un sistema bipartidista en el que dos partidos se turnasen en el
gobierno sin tener que recurrir al apoyo del ejército en forma de pronunciamiento o
Golpe de Estado, como había sucedido en tiempos de Isabel II.
Los dos partidos dominantes, conocidos también como partidos dinásticos o partidos
del turno fueron:
– El partido Conservador. Fue creado y liderado, hasta su asesinato en 1897, por
Cánovas y sustituía el antiguo Partido Moderado.
– El partido Fusionista. Fue fundado en 1880 por Sagasta y tenía un programa
más progresista, que incluía algunos ideales del Sexenio Democrático, pero
adaptados a los límites del sistema diseñado por Cánovas.
No se trataba de partidos de masas, con sedes, agrupaciones y afiliados. Se trataba de
partidos de notables, es decir, de líderes políticos con sus respectivas clientelas. La
misión del líder era mantener unidas a las diferentes facciones del partido.
Ambos partidos coincidían ideológicamente en lo fundamental: la defensa de la
monarquía, de la Constitución y de la propiedad privada, así como la consolidación de
un Estado unitario y centralista.
Mientras que en los sistemas democráticos el partido que gana las elecciones forma el
gobierno, la Restauración invertía el proceso: cuando un gobierno experimentaba el
desgaste de su gestión, o sencillamente los líderes políticos consideraban necesario un
relevo, se sugería al rey el nombramiento de un nuevo gobierno.
El nuevo presidente del Gobierno era siempre el líder de la oposición, y recibía junto
con su nombramiento el decreto para la disolución de las Cortes y la convocatoria de
nuevas elecciones, con el objetivo de conseguir el número de diputados suficientes
para formar una mayoría parlamentaria que le permitiese gobernar.
El resultado de las elecciones era acordado de antemano por ambos partidos, por lo
que la alternancia en el poder de una forma artificial. Con ello se evitaba que uno de
los partidos monopolizara el poder y que el otro partido tuviera la tentación de recurrir
al ejército para obtener el poder mediante un pronunciamiento militar. Al mismo
tiempo se impedía que los partidos ajenos al régimen, republicanos y carlistas,
pudieran hacerse con el poder.
El régimen de la Restauración se apoyaba en un sistema electoral caracterizado por el
caciquismo, la corrupción electoral y la abstención generalizada, que facilitaba la
manipulación de las elecciones.
El caciquismo se fundamentaba en la influencia sobre la sociedad de determinadas
personas que, valíéndose de su poder y autoridad, influían en el comportamiento de
los electores. Tuvo su principal fortaleza en el mundo agrario.
El proceso de preparación de las elecciones comenzaba con el encasillado: el
Ministerio de la Gobernación rellenaba las casillas correspondientes a los distritos
electorales con los nombres de los candidatos que el Gobierno tenia previsto que
resultara elegidos. Posteriormente, el gobernador civil de cada provincia buscaba el
acuerdo con los caciques para conseguir ajustar los resultados electorales a las
instrucciones recibidas por el Ministerio de la Gobernación
Para conseguir los resultados previstos en las elecciones se recurría sistemáticamente
al fraude electoral, es decir, a un conjunto de trampas que adulteraban los resultados
electorales y que se conoce como pucherazo. De este modo, se manipulaba el censo –
incluyendo a personas muertas o impidiendo votar a las vivas- y las actas electorales,
se compraban votos, se incluían votos falsos en las urnas y se amenazaba al electorado
con coacciones de todo tipo.
de negocios y militares de alto rango que compartían unos mismos intereses y una
misma concepción del Estado: la defensa del orden social y de la propiedad y la
confianza en la monarquía como garantía de estabilidad.
El nuevo régimen político fue diseñado por el conservador
Cánovas del Catillo, con el
objetivo de superar los problemas de la monarquía de Isabel II: el carácter excluyente
de los partidos cuando alcanzaban el poder, el intervencionalismo del ejército y la
proliferación de enfrentamientos políticos. Sin embargo, no se trataba de un sistema
democrático, porque a diferencia de la etapa del sexenio, no reconocía el sufragio
universal masculino.
Esta nueva etapa debía fundamentarse en una Constitución moderada como marco
jurídico del sistema y en la creación de un sistema bipartidista en el que dos partidos,
conservadores y liberales, se alternasen pacíficamente en el poder (turno dinástico)
La constitución de 1876 favorecíó la estabilidad política. Aunque tenía un claro
carácter conservador, se redactó con cierta flexibilidad con el objetivo de que
gobernaran los dos partidos del turno de manera estable, sin tener que cambiarla cada
vez que un nuevo partido accedía al poder.
-Amplia declaración de derechos y libertades individuales (imprenta, expresión,
asociación y reuníón), aunque se dejaba su posterior regulación al ejecutivo. Los
gobiernos conservadores lo aplicaron de un modo más restrictivo y los liberales en un
sentido más permisivo.
-Un enfoque conservador de la división de poderes basado en la soberanía compartida
entre las Cortes y el rey, que otorgaba amplias competencias a la Corona. El rey ejercía
la jefatura del ejército, elegía libremente al jefe de Gobierno y no era responsable ante
las Cortes. La función legislativa recaía en unas Cortes bicamerales, con un Senado
formado por miembros en función de su cargo o designados por el rey, y un Congreso
de los Diputados, elegido por sufragio directo. Asimismo, se manténía la
independencia de poder judicial.
-El tipo de sufragio quedaba a decisión del gobierno.
La Ley Electoral de 1878,
tramitada por los conservadores, establecíó el voto censitario, limitado a los mayores
contribuyentes, lo que únicamente incluía al 3% de la población.
El sufragio universal masculino se aprobó en 1890 bajo un gobierno liberal, si bien su
eficacia fue anulada por el fraude y la corrupción electoral.
-El reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Estado, que asignaba a la
Iglesia el control de la educación. Además, garantizaba un presupuesto para el
sostenimiento del culto y del clero.
-El carácter centralista de sistema, que ponía ayuntamientos y diputaciones bajo el
control del gobierno y garantizaba la vigencia de las mismas leyes en todo el país al ser
suprimidos los fueros vascos.
Cánovas concibió un sistema bipartidista en el que dos partidos se turnasen en el
gobierno sin tener que recurrir al apoyo del ejército en forma de pronunciamiento o
Golpe de Estado, como había sucedido en tiempos de Isabel II.
Los dos partidos dominantes, conocidos también como partidos dinásticos o partidos
del turno fueron:
– El partido Conservador. Fue creado y liderado, hasta su asesinato en 1897, por
Cánovas y sustituía el antiguo Partido Moderado.
– El partido Fusionista. Fue fundado en 1880 por Sagasta y tenía un programa
más progresista, que incluía algunos ideales del Sexenio Democrático, pero
adaptados a los límites del sistema diseñado por Cánovas.
No se trataba de partidos de masas, con sedes, agrupaciones y afiliados. Se trataba de
partidos de notables, es decir, de líderes políticos con sus respectivas clientelas. La
misión del líder era mantener unidas a las diferentes facciones del partido.
Ambos partidos coincidían ideológicamente en lo fundamental: la defensa de la
monarquía, de la Constitución y de la propiedad privada, así como la consolidación de
un Estado unitario y centralista.
Mientras que en los sistemas democráticos el partido que gana las elecciones forma el
gobierno, la Restauración invertía el proceso: cuando un gobierno experimentaba el
desgaste de su gestión, o sencillamente los líderes políticos consideraban necesario un
relevo, se sugería al rey el nombramiento de un nuevo gobierno.
El nuevo presidente del Gobierno era siempre el líder de la oposición, y recibía junto
con su nombramiento el decreto para la disolución de las Cortes y la convocatoria de
nuevas elecciones, con el objetivo de conseguir el número de diputados suficientes
para formar una mayoría parlamentaria que le permitiese gobernar.
El resultado de las elecciones era acordado de antemano por ambos partidos, por lo
que la alternancia en el poder de una forma artificial. Con ello se evitaba que uno de
los partidos monopolizara el poder y que el otro partido tuviera la tentación de recurrir
al ejército para obtener el poder mediante un pronunciamiento militar. Al mismo
tiempo se impedía que los partidos ajenos al régimen, republicanos y carlistas,
pudieran hacerse con el poder.
El régimen de la Restauración se apoyaba en un sistema electoral caracterizado por el
caciquismo, la corrupción electoral y la abstención generalizada, que facilitaba la
manipulación de las elecciones.
El caciquismo se fundamentaba en la influencia sobre la sociedad de determinadas
personas que, valíéndose de su poder y autoridad, influían en el comportamiento de
los electores. Tuvo su principal fortaleza en el mundo agrario.
El proceso de preparación de las elecciones comenzaba con el encasillado: el
Ministerio de la Gobernación rellenaba las casillas correspondientes a los distritos
electorales con los nombres de los candidatos que el Gobierno tenia previsto que
resultara elegidos. Posteriormente, el gobernador civil de cada provincia buscaba el
acuerdo con los caciques para conseguir ajustar los resultados electorales a las
instrucciones recibidas por el Ministerio de la Gobernación
Para conseguir los resultados previstos en las elecciones se recurría sistemáticamente
al fraude electoral, es decir, a un conjunto de trampas que adulteraban los resultados
electorales y que se conoce como pucherazo. De este modo, se manipulaba el censo –
incluyendo a personas muertas o impidiendo votar a las vivas- y las actas electorales,
se compraban votos, se incluían votos falsos en las urnas y se amenazaba al electorado
con coacciones de todo tipo.