6.2. Describe las carácterísticas de los partidos políticos surgidos durante el gobierno de Isabel II
La instauración del liberalismo trajo consigo la existencia de órganos representativos (Parlamento, Ayuntamientos, Diputaciones), siendo los partidos políticos los instrumentos para proveer de representantes a esas instituciones. Ahora bien, no podemos pensar en partidos como los actuales, pues en buena medida no eran más que una agrupación de personalidades alrededor de algún notable y no constituían partidos con programas elaborados, sino corrientes de opinión o “camarillas” vinculadas por relaciones personales o por intereses económicos. Por último, la enorme restricción del derecho al voto y la falta de tradición parlamentaria desvinculaban a la inmensa mayoría de la población de la política de partidos. Los dos grandes partidos de la época isabelina fueron los moderados y los progresistas que representaban las dos corrientes del liberalismo en la primera mitad del Siglo XIX y eran expresión de la defensa de un sistema monárquico constitucionalista personificado en la reina Isabel. Más adelante surgirá la Uníón Liberal y el partido demócrata y en la extrema derecha, ya existía el partido carlista:El partido moderado era un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, junto a restos de la vieja nobleza, del alto clero y de los altos mandos militares. Defendían a ultranza la propiedad y del sufragio censitario. También defendían el principio de soberanía compartida entre Cortes y Corona; se mostraron partidarios de limitar los derechos individuales (especialmente los colectivos como la libertad de prensa, de reuníón y asociación) y defendían el peso e influencia de la Iglesia católica. Partidarios de una política comercial proteccionista y de frenar la desamortización. El partido progresista predominaba entre la media y pequeña burguésía (artesanos, oficialidad media e inferior del ejército, así como profesionales liberales) y sectores de la alta burguésía industrial y financiera. Defendían el principio de soberanía nacional sin límites, el predominio de las Cortes en el sistema político y la limitación del poder de la Corona. Eran partidarios de robustecer los poderes locales (ayuntamientos, milicia nacional…) y defendían los derechos individuales y colectivos (libertad de prensa, de religión, etc.), así como de acabar con la influencia de la Iglesia; también manténían el sufragio censitario, pero eran partidarios de ampliar el cuerpo electoral. Eran partidarios de una política comercial librecambista y de llevar a cabo reformas agrarias (desamortización).En 1854 se formó, con el nombre de Uníón Liberal un nuevo partido, que nacíó como una escisión de los moderados, pero que atrajo a los grupos más conservadores del progresismo. Pretendía constituirse como una opción centrista pero no presentaba ideológicamente ninguna novedad y fue básicamente una uníón política con finalidades de gobierno que agrupaba a los sectores descontentos con la política moderada.
En 1849, una escisión de los progresistas dio origen al Partido Demócrata, que defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino; también eran partidarios de la ampliación de libertades públicas, la implicación del Estado en la enseñanza, la asistencia social y la fiscalidad con el objeto de paliar las diferencias sociales; eran partidarios de un estado laico y de la libertad de cultos, aunque reconocían el predominio social de la Iglesia católica. Su fuerza se hallaba entre las clases populares urbanas y los grados bajos de la milicia. De una escisión del partido demócrata nacerán los republicanos que presentaban un fuerte carácter social y popular y que fueron impulsados por el desprestigio de la monarquía de Isabel II. 6.5. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.El Estatuto Real de 1834. El contexto histórico donde aparece este texto legal es la Regencia de M.A Cristina: el estallido de la guerra carlista tras la muerte de Fernando VII, hizo que la regente se inclinara hacia los liberales moderados como Martínez de la Rosa (participante del Trienio Liberal). Fue él quien concibió el Estatuto Real de 1834 que tenía el carácter de una carta otorgada, es decir, una concesión gratuita del monarca.El Estatuto establecía unas Cortes con dos cámaras: el Estamento de Próceres (cámara alta formada por la alta nobleza, clero, grandes propietarios y aquellos nombrados por el rey) y la Cámara de Procuradores (elegidos con un sufragio muy restringido). La corona no renunciaba a la soberanía, sino que la entendía como histórica, depositada en las Cortes por el rey. Las Cortes solo podían legislar a propuesta del monarca, que era quien las convocaba. El sufragio se limitaba a una minoría de rentas elevadas: unos 16.000 individuos sobre una población de 18 millones de habitantes.Pero el Estatuto no satisfacía a los liberales más progresistas que reclamaban mayor participación ciudadana y recuperar el espíritu de la Constitución de 1812. Las relaciones entre el gobierno y las cortes se hicieron tensas, y algunos sucesos aumentaron la crispación: una epidemia de cólera, la continuación de la guerra carlista, movimientos anticlericales a lo que se une el problema del endeudamiento de la Hacienda real.La Constitución de 1837. El contexto histórico en el que se elabora esta constitución parte de la oleada de revueltas urbanas que se extiende por el país en 1835: se convocan Juntas que redactan proclamas expresando sus demandas (reuníón de Cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral…). Ante esta situación, la reina llamó a formar gobierno a un liberal progresista, Mendizábal, que rápidamente inició la reforma del Estatuto Real y tomo medidas para organizar un ejército que acabara con la insurrección carlista.La Constitución de 1837, de carácter progresista, recuperaba algunos aspectos de la de 1812, aunque pretendía el consenso entre las dos corrientes liberales. Por ello, proclamaba algunos de los principios del progresismo: soberanía nacional, amplia declaración de derechos ciudadanos, división de poderes y aconfesionalidad del Estado; el sufragio era censitario, aunque bastante menos restringido que en el Estatuto Real. También recogía algunos elementos moderados: establecía dos cámaras y concedía amplios derechos a la Corona (derecho de veto
y de disolución de las Cortes). Se establece la desamortización de los bienes del clero y se suprime el diezmo, lo que deja al clero sin su patrimonio y sin sus fuentes de ingresos tradicionales, por ello, la Constitución recogíó el compromiso de financiación del culto católico.La Constitución de 1845. El contexto histórico en el que aparece esta constitución es la primera etapa del reinado de Isabel II, la llamada década moderada (1844-1854). Tras la caída de Espartero (segunda regencia de 1840- 43) se decide proclamar a Isabel II como reina a los trece años. Pocos meses después de subir al trono, la reina encargó la formación del gobierno al partido moderado, liderado por el general Narváez quien establecerá un sistema político oligárquico, en el que la representación popular era escasa, pues primaba el orden sobre la libertad: las Cortes se suspendían con frecuencia, las elecciones se falseaban y la corrupción política era generalizada; los progresistas quedaron marginados del gobierno y contra ellos se llevó a cabo una fuerte represión.El gobierno derogó la Constitución del 37 y redactó otra nueva, la Constitución de 1845 que se convertirá en modelo de constitución moderada. Basada en el liberalismo más conservador, establecíó la soberanía compartida (rey- Cortes) dando más poderes a la Corona y recortando los de las Cortes (el Senado pasa a ser enteramente de designación real entre la oligarquía del país), se proclama la confesionalidad católica del Estado, se establecerá un sufragio muy censitario y se adoptarán medidas para el control de la administración provincial y local. Además, esta constitución cuenta con una declaración de derechos muy restringida. 6.3. Describe las etapas de la evolución política durante el reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares.El nuevo Estado liberal se vio mediatizado desde su comienzo por una serie de factores que obstaculizaron el libre juego político y dificultaron la estabilidad del sistema: la intromisión de la Corona en la vida política, la injerencia del ejército y el falseamiento de las elecciones. El prestigio de los militares isabelinos (los espadones: Espartero, Narváez, O’Donnell…), tras la victoria en la guerra carlista, convirtió su presencia en la vida política una carácterística del Siglo XIX español. Los militares, tanto moderados como progresistas, recurrieron sistemáticamente al pronunciamiento para derribar a los gobiernos. Además, la tendencia de la Corona a otorgar el poder a los moderados propició que los progresistas tuvieran que instigar la revuelta popular como medio para alcanzar el poder.Otro punto que destacar es que las constituciones de este periodo obedecen a intereses de determinado partido, por ello cuando pierden el gobierno, el partido contrario cambia la constitución por otra que responda a su programa e intereses, lo que provoca un cambio constitucional permanente. Entre 1833 y 1874 encontramos las siguientes constituciones: Estatuto real de 1834, Constitución progresista de 1837, Constitución moderada de 1845, Constitución democrática de 1869 y la propuesta de una Constitución republicana federal en 1873.A)Minoría de edad de Isabel II Durante la minoría de edad de la reina (tiene tres años cuando se inicia su reinado) hay dos regentes: su madre, la reina M.A Cristina
y el general Espartero (1840-43). Durante estos 10 años se ponen las bases legislativas y políticas del nuevo estado liberal. La regencia de M.A Cristina fue una época difícil condicionada por el desarrollo de la 1a guerra carlista (1833-40). La transición del absolutismo al liberalismo, durante los tres primeros años estuvo protagonizada por monárquicos reformistas (Martínez de la Rosa), partidarios de combinar el Antiguo Régimen y principios liberales (liberalizar la economía y hacer sólo leves reformas políticas). El texto jurídico que resume esta vía entre liberalismo y absolutismo es el Estatuto Real de 1834: se realiza la división provincial actual (Javier de Burgos en 1833), se liberaliza el comercio, la industria y los transportes. Pero esta vía intermedia fracasa pues los liberales progresistas exigen cambios más radicales.
En 1835 habrá una oleada de revueltas urbanas por todo el país; se convocan Juntas que redactan proclamas expresando sus principales demandas: reuníón de Cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral… Ante esta situación, la reina llamó a formar gobierno a un liberal progresista, Mendizábal (1835-37), que rápidamente inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas para conseguir recursos financieros necesarios para organizar un ejército que acabara con la insurrección carlista. Una nueva Constitución en 1837, que era una reforma de la de 1812, se convierte en modelo de constitución progresista. También se establece la desamortización de los bienes del clero (Desamortización de Mendizábal) y se suprime el diezmo, lo que deja al clero sin su patrimonio y sin sus fuentes de ingresos tradicionales, por ello la Constitución recogíó el compromiso de financiación del culto católico.
Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones que fueron ganadas por los moderados. En esta etapa de gobierno (1837-40), los moderados intentaron desvirtuar los elementos más progresistas de la Constitución del 37 (una ley electoral más restrictiva, limitación de la libertad de imprenta…). Ante esto, los progresistas recurrieron a la insurrección militar, encabezada por un militar de prestigio, el general Espartero, quien desplazará a la reina M.A Cristina asumiendo la regencia. Durante su regencia, Espartero, gobernó con un marcado autoritarismo, fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó con su camarilla de militares afines. Una de sus actuaciones de mayor trascendencia fue la aprobación de un acuerdo de librecambio con el Reino Unido lo que le granjeó la enemistad de la burguésía catalana y las clases populares que veían peligrar sus puestos de trabajo; el descontento acabó en un levantamiento en Barcelona que Espartero sofocó bombardeando la ciudad. Finalmente, todos los elementos de oposición convergieron en una insurrección general y una conspiración militar encabezada por los generales Narváez y O’Donnell, que provocaron el abandono y exilio de Espartero y la proclamación de Isabel II como reina a los trece años.
El gobierno de Isabel II
La década moderada (1844-1854). Pocos meses después de subir al trono, Isabel II encargó la formación del gobierno al partido moderado, liderado por el general Narváez. Su actuación política se caracterizó por la estabilidad, la aprobación de una nueva Constitución, la promulgación de diversas leyes, la reforma de la Hacienda y el acercamiento a la Iglesia católica.
Narváez establece un sistema político oligárquico, en el que la representación popular era escasa, pues primaba el orden sobre la libertad; las Cortes se suspendían con frecuencia, las elecciones se falseaban y la corrupción política era generalizada. Los progresistas quedaron marginados y contra ellos se llevó a cabo una fuerte represión.
El gobierno derogó la Constitución del 37 y redactó otra nueva, la Constitución de 1845, en la que se da más poderes a la Corona y al gobierno, y se recortaban los del Parlamento; se restringirá el derecho al voto y se adaptarán medidas para el control de la Administración provincial y local (Ley de Administración Local que dispuso que los alcaldes de núcleos de población de más de 2.000 habitantes serían nombrados por la Corona, mientras que el gobernador civil designaría a los alcaldes de municipios menores; esto propició la manipulación de los resultados electorales). Por otro lado, se emprendíó la necesaria reforma fiscal (Ley Mon-Santillán) que racionalizó y centralizó el sistema de impuestos, propiciando la contribución directa basada en la propiedad, sobre todo agraria. También se reguló la instrucción pública creando un sistema nacional que regulaba los distintos niveles de enseñanza. En 1844 se creó la Guardia Civil (cuerpo armado con finalidades civiles, pero con una estructura militar), y en 1848 un nuevo Código Penal.Los moderados intentaron también mejorar sus relaciones con la Iglesia, que en gran parte se había mostrado contraria al liberalismo y partidaria del carlismo ante las reformas progresistas y muy especialmente a causa de la desamortización y la abolición del diezmo. En 1851, se firma un Concordato con la Santa Sede, por el cual el Estado se comprometía a reservar parte de su presupuesto para hacer frente a los gastos eclesiásticos; con esta medida se compensaba a la Iglesia de la pérdida de bienes desamortizados. También se le concede a la Iglesia amplias competencias en materia de educación y el reconocimiento del catolicismo como religión oficial. Durante toda la década, el partido moderado apenas se enfrentó a oposición importante: los movimientos revolucionarios europeos de 1848 tuvieron escasas repercusiones; mayor incidencia tuvo la 2a Guerra carlista con insurrecciones en Cataluña (1846-49). Pero los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado; la corrupción y el autoritarismo (gobierno de Bravo Murillo que propuso una reforma constitucional para transformar el Estado en una dictadura tecnocrática) hicieron que, en 1854, las clases populares dieran su apoyo a un alzamiento progresista que planteaba renovar el ambiente político.
El bienio progresista (1854-56). En 1854, un pronunciamiento organizado por los progresistas y protagonizado por las tropas del general O’Donnell (fundador de la Uníón Liberal) acabó con el gobierno moderado. La sublevación comenzó en Vicálvaro (Madrid) y se extendíó por las grandes ciudades, donde se formaron juntas revolucionarias. Tras estos sucesos, Isabel II encargó al general Espartero la formación de un nuevo gobierno progresista. El nuevo gobierno intenta restaurar los principios del progresismo instaurando la Milicia Nacional (aparecida en 1837) y la Ley Municipal que permitía la elección directa de los alcaldes. La actuación de mayor transcendencia serán las reformas económicas en defensa de la burguésía urbana y de las clases medias, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país:
• Se culmina el proceso desamortizador con la Ley de Desamortización Civil del ministro de Hacienda Madoz que ponía en venta las tierras comunales y de propios de los ayuntamientos.
• Se establece la Ley General de Ferrocarriles que ofrecía incentivos a las empresas extranjeras que invirtieran en la ejecución de las líneas ferroviarias. También se aprueban leyes favorables a la ampliación de la red de carreteras, el desarrollo de la minería y el crecimiento de las sociedades por acciones y la banca (se crea el Banco de España).Durante el Bienio estallaron conflictos sociales: huelgas de las sociedades obreras en Barcelona y su entorno y motines de subsistencia por la carestía del grano en Castilla. La creciente conflictividad social, que significó la irrupción del movimiento obrero en la escena política del país, retrajo y atemorizó a las clases conservadoras. Además, las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado y el más radical, se agudizaron. Espartero dimitíó y la reina confió el gobierno a O’Donnell, que reprimíó duramente las protestas y la reacción moderada acabó con el gobierno. La descomposición del sistema isabelino (1856-1868). El periodo que transcurre entre estos años estuvo dominado por la alternancia en el poder de unionistas y moderados. Pero el favoritismo de la Corona hacia estos últimos y la marginación de los progresistas y demócratas condujeron a la descomposición no sólo del proyecto moderado, sino también del sistema político isabelino.
El primer gobierno fue formado por la Uníón Liberal y liderado por O’Donnell (1856-63) y fue una etapa de relativa estabilidad política, progreso económico y de intervenciones en el exterior que buscan recuperar el prestigio internacional (Indochina, Marruecos, México). Los años que van de 1863 a 1868, supusieron la vuelta del moderantismo al poder y el retorno del general Narváez. El moderantismo impuso de nuevo la forma autoritaria de gobierno, al margen de las Cortes y de todos los grupos políticos, y ejercíó una fuerte represión sobre sus opositores.