Las causas de la Revolución
En el último periodo del reinado de Isabel II, entre 1863 y 1868, se produjeron una serie de crisis económicas y políticas que mostraban, por una parte, las deficiencias del sistema liberal y, por otra, la debilidad de la economía capitalista en España.
La crisis económica
A mediados de la década de 1860 y en 1866 se hizo patente el inicio de una importante crisis económica. La recesión se manifestó a nivel financiero e industrial, pero también coincidió con una crisis de subsistencias. La crisis financiera se originó a raíz de la crisis de los ferrocarriles. La crisis financiera coincidió con una crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La industria textil se abastecía con algodón importado de Estados Unidos, pero la guerra de secesión americana encareció la importación del algodón y provocó un periodo de escasez. La crisis de subsistencias se inició en 1866 y fue causada por una serie de malas cosechas que dieron como resultado una escasez de trigo.
El deterioro político
A mediados de la década de 1860, gran parte de la población española tenía motivos de descontento contra el sistema isabelino. En 1866, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero los siguientes gabinetes del partido moderado continuaron gobernando por decreto, cerraron las cortes e hicieron oídos sordos a los problemas del país. Ante la imposibilidad de acceder al poder por los mecanismos constitucionales, el partido progresista dirigido por Prim practicó una política de retraimiento. En la misma posición se situaba el partido democrático, de modo que ambos partidos firmaron el Pacto de Ostende en 1867 con la voluntad de unificar sus actuaciones para acabar con el moderantismo en el poder. A dicho pacto se unieron los unionistas en noviembre de 1867. Esta adhesión fue fundamental para el triunfo de la revolución. Por un lado, los unionistas aportaron una buena parte de la cúspide del ejército, pero por otro lado, el carácter conservador y opuesto a todo cambio social de los unionistas contrarrestó el peso de los demócratas y redujo el levantamiento de 1868 a un simple pronunciamiento militar.
La Revolución de septiembre de 1868
En el mes de septiembre de 1868 se consumó un levantamiento militar no solo contra el gobierno del partido moderado, sino contra la monarquía de Isabel II. El movimiento, aclamado como la Gloriosa Revolución, tuvo un inmenso apoyo popular en todo el país, por lo que se impuso sin gran dificultad.
La Revolución del 68 y el Gobierno Provisional
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando del brigadier Juan Bautista Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. El gobierno de la reina Isabel II se aprestó a defender el trono con las armas y envió desde Madrid un ejército para enfrentarse con los sublevados. Ambas fuerzas se encontraron en Puente de Alcolea, donde el día 28 de septiembre se libró una batalla que dio victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina no tuvo más remedio que exiliarse. Además del pronunciamiento militar y de los hechos bélicos, en la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares. En muchas ciudades españolas se constituyeron juntas revolucionarias que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. En los primeros días de octubre, los sublevados propusieron a la Junta Revolucionaria de la capital el nombramiento de un gobierno provisional de carácter centrista. El general Serrano fue proclamado regente y el general Prim presidente de gobierno.
La Constitución de 1869 y la Regencia
El nuevo gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares y convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Las Cortes se reunieron en el mes de febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva constitución que fue aprobada el 1 de junio de 1869. La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades, como los derechos de manifestación, reunión y asociación, la libertad de enseñanza y la igualdad para obtener empleo. Proclamada la constitución con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe de gobierno. Su tarea no era fácil, los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional, la situación económica era grave y además había que encontrar un monarca para la corona española. Sin embargo, el nuevo gobierno fue recibido con simpatía por gran parte de los países europeos, ya que ponía fin a la larga inestabilidad política de Isabel II y porque los nuevos dirigentes parecían más adecuados para emprender las reformas económicas.
El intento de renovación económica
Uno de los objetivos de la Gloriosa era reorientar la política económica. El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, suprimió la contribución de consumos. Otro decreto estableció la peseta como unidad monetaria. Pero el problema más grave era el caótico estado de la hacienda española. La deuda pública se elevaba a 22.109 millones de reales. Además, la grave crisis de los ferrocarriles solo parecía tener solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. La última gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, aprobada en julio de 1869 mediante la Ley de Bases Arancelarias.
La frustración de las aspiraciones populares
La Constitución de 1869 consolidó un régimen político basado en los principios liberales democráticos. Sin embargo, frustró algunas de las aspiraciones de otros grupos políticos. Durante el periodo de la regencia, hubo una fuerte conflictividad social. El campesinado demandaba un mejor reparto de la tierra. De igual modo, el incipiente movimiento obrero sufrió un proceso de radicalización en demanda de mejores condiciones salariales y de trabajo.
El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
La Constitución de 1869 establecía como forma de gobierno una monarquía democrática. La principal tarea institucional consistió en encontrar un monarca que sustituyera a los desacreditados Borbones. La solución no era nueva ni absurda, ya que gran parte de las monarquías europeas no eran originarias del propio país, pero las especiales circunstancias en las que tuvo que reinar el nuevo monarca convirtieron la experiencia en un fracaso.
Un monarca para un régimen democrático
El rechazo de la dinastía portuguesa y la oposición de Francia al pretendiente alemán limitaron las posibilidades. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya, un hombre con una concepción democrática de la monarquía.
Las dificultades de la nueva dinastía
La nueva dinastía contaba con escasos apoyos. Los dos años del reinado de Amadeo de Saboya se vieron marcados por dificultades constantes. Los problemas económicos del Estado y, además, se produjo una lucha permanente entre los grupos políticos, así como la revitalización del conflicto carlista, la guerra en Cuba y las insurrecciones republicanas.
Una permanente inestabilidad
Amadeo I contó desde el principio con la oposición de los moderados. Conscientes de la impopularidad de Isabel II, empezaron a organizar la Restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso. Cánovas del Castillo fue captando a muchos disidentes unionistas y progresistas y les convenció de que la monarquía borbónica era una garantía de orden y estabilidad frente al excesivo liberalismo de la monarquía de Amadeo I. Amadeo I tampoco contaba con el respaldo de los sectores republicanos ni de los grupos populares. En 1868 se inició un conflicto en la isla de Cuba. La insurrección, dirigida por algunos propietarios criollos, contó rápidamente con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. La crisis final del reinado de Amadeo de Saboya fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. Finalmente, el 11 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España.
La Primera República Española (1873-1874)
La última política del Sexenio Democrático fue la Primera República. Su duración no alcanzó un año, se proclamó en febrero de 1873 y fue derrocada por un golpe de estado en enero de 1874.
La proclamación de la República
Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. La República nació con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema, salvo Estados Unidos y Suiza. A pesar de todo, la República fue recibida con entusiasmo por las clases populares, que creyeron que había llegado el momento de cumplir sus aspiraciones de cambio social. Los federales ocuparon las corporaciones de muchos municipios y constituyeron juntas revolucionarias para desplazar de la administración a los antiguos cargos monárquicos.
El intento de instaurar una República Federal
Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la República Democrática Federal. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, pero dimitió y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall.
El proyecto de Constitución Federal
La propuesta de la Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la Constitución de 1869 en relación a la implantación de la democracia y el reconocimiento de amplios derechos y libertades. El proyecto de constitución planteaba un estado no centralista.
Los conflictos armados
La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción de gobierno. Uno de ellos fue una insurrección carlista. El nacimiento de la República había acelerado y animado el conflicto armado, que pasó del enfrentamiento a un verdadero frente abierto. También continuó la guerra de Cuba, que continuaba extendiéndose y cuya situación la República fue incapaz de mejorar.
La sublevación cantonal
Fue el conflicto más grave que se produjo en el breve periodo republicano y el que provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. La proclamación de cantones independientes fue la consecuencia de aplicar de forma radical y directa la estructura federal por el deseo de avanzar en las reformas sociales. El presidente Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Salmerón, quien dio por acabada la política de negociación con los cantones e inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Salmerón dimitió a principios de septiembre al sentirse incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó entonces en Emilio Castelar, quien intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas que aquejaban al país.
El fin de la experiencia republicana
Desde septiembre de 1873, la República dio un vuelco conservador con el nuevo gobierno de Castelar. Ante esta situación, un sector importante de los diputados, Figueras, Pi y Margall y Salmerón, llegaron al acuerdo de plantear una moción de censura al gobierno de Castelar para forzar su dimisión. El día 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado. Era inminente la formación de un gobierno de izquierda, pero Manuel Pavía exigió la disolución de las Cortes republicanas. El poder pasó en los meses siguientes a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano. El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. El 1 de diciembre del mismo año, el príncipe Alfonso de Borbón había firmado el Manifiesto de Sanhurst, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonsina, un régimen de signo conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal y restablecería la estabilidad política y el orden social.