Cambio Dinástico y la Guerra de Sucesión Española (1700-1714)
La muerte sin descendencia de Carlos II en 1700 abrió una crisis sucesoria que desembocó en un conflicto de gran trascendencia para España y Europa. El testamento del monarca favorecía a Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia, lo que suponía la entrada de una nueva dinastía en la monarquía hispánica. Sin embargo, las potencias europeas contrarias a la hegemonía francesa —Inglaterra, Holanda y Austria— se opusieron a esta decisión y promovieron la candidatura del archiduque Carlos de Austria, iniciando así la Guerra de Sucesión.
El enfrentamiento tuvo un doble carácter —civil e internacional— debido a la división interna de los territorios y la intervención de grandes potencias. Castilla se alineó con Felipe V, mientras que los reinos de la Corona de Aragón apoyaron mayoritariamente al archiduque Carlos, atraídos por la defensa de las instituciones forales y las ventajas comerciales ofrecidas a la burguesía catalana. Entre los episodios más relevantes estuvieron la ocupación inglesa de Gibraltar (1704), la entrada de Carlos en Barcelona (1705), la victoria borbónica en Almansa (1707) y el fracaso austracista en Madrid.
La situación cambió en 1711 cuando Carlos heredó la corona imperial, lo que llevó a Inglaterra a temer un nuevo bloque Habsburgo y a buscar una salida negociada. El conflicto concluyó con el Tratado de Utrecht (1713), que reconoció a Felipe V como rey de España y de las Indias, aunque con importantes concesiones territoriales:
- Austria recibió Flandes y los dominios italianos.
- Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y ventajas comerciales en el mercado colonial.
La resistencia austracista en Cataluña se prolongó hasta la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, lo que marcó el fin de la monarquía compuesta de los Austrias y el inicio de un proceso de centralización borbónica.
En definitiva, la Guerra de Sucesión supuso el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones, la pérdida de la proyección europea de España y la consolidación de un modelo político más centralizado, orientado hacia la península y América.
Los Decretos de Nueva Planta y la Centralización Borbónica
Tras la victoria borbónica, Felipe V emprendió un conjunto de reformas conocidas como Decretos de Nueva Planta, que pusieron fin a la monarquía compuesta heredada de los Austrias e implantaron un modelo centralizado inspirado en la Francia absolutista de Luis XIV.
La Monarquía Católica de los Austrias había sido un conglomerado de reinos con instituciones propias, fruto de conquistas y enlaces dinásticos. El Conde Duque de Olivares ya había intentado superar esta fragmentación con la Unión de Armas, pero la crisis de 1640 frustró su proyecto. Felipe V, en cambio, aprovechó la coyuntura de la guerra para imponer la centralización sin necesidad de negociar con los territorios.
Los decretos abolieron los fueros e instituciones de Aragón y Valencia (1707), y más tarde de Cataluña (1716). Las Cortes territoriales y los consejos consultivos desaparecieron —salvo el de Castilla—, mientras se reforzaban órganos directamente dependientes del rey, como los Secretarios del Gabinete, precursores de los ministros modernos. La justicia se uniformizó mediante la extensión del modelo castellano de las Audiencias, se crearon las Capitanías Generales como autoridades militares y políticas, y se implantaron las intendencias para gestionar recaudación, reclutamiento y censos. El castellano se convirtió en el idioma oficial de la administración.
En definitiva, los Decretos de Nueva Planta consolidaron la dinastía Borbón y transformaron el Estado en una monarquía centralizada y absolutista, reduciendo la diversidad institucional heredada de los Austrias.
Economía y Sociedad en Galicia bajo los Austrias (Siglos XVI-XVII)
Durante los siglos XVI y XVII, Galicia presentó características propias dentro de la Monarquía Hispánica. En el ámbito económico predominó el señorío eclesiástico, especialmente el del clero regular, más fuerte que en otras regiones castellanas. Las relaciones entre señores y campesinos se articularon mediante los foros, contratos de larga duración que otorgaban a los labradores el dominio útil de la tierra y permitían acumular excedentes, en contraste con los arrendamientos a corto plazo típicos del centro y sur peninsular.
La crisis del siglo XVII reveló tensiones entre monasterios y baja nobleza. Los intentos de los abades por recuperar tierras y actualizar rentas fracasaron, pues la pequeña nobleza monopolizaba cargos municipales y controlaba la recaudación. Ello dio a la hidalguía gallega un poder excepcional, distinto del resto de España.
Demográficamente, Galicia siguió el patrón preindustrial: crecimiento en el XVI, estancamiento hacia 1600, descenso a mediados del XVII y recuperación posterior. A finales del XVI contaba con unos 600.000 habitantes, reducidos en unos 60.000 tras la crisis. Las zonas más dinámicas fueron las costeras y las vitivinícolas del Ribeiro. Pontevedra destacó gracias al Gremio de Mareantes, que impulsaba la industria de salazón y sostenía una flota que representaba el 35% de la pesca española.
La recuperación demográfica se vinculó a cultivos americanos como el maíz, que sustituyó al mijo y aumentó la productividad, y más tarde la patata. Sin embargo, este crecimiento no generó excedentes comercializables, pues la producción campesina se destinaba a impuestos y rentas, manteniendo a la población en mera subsistencia.
La Gloriosa Revolución de 1868: Causas y Contexto
La llamada Gloriosa Revolución de 1868 fue resultado de una profunda crisis política, ideológica y económica que afectaba a la monarquía de Isabel II.
Crisis Política e Ideológica
- Políticamente, el régimen se encontraba descompuesto y respondió a las demandas de participación con medidas autoritarias, como la «Noche de San Daniel» (1865) o el levantamiento del «Cuartel de San Gil» (1866).
- Progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende (1866) para derribar la monarquía, y la muerte de O’Donnell en 1867 facilitó la ruptura de la Unión Liberal con la dinastía.
- En el plano ideológico, el Partido Demócrata difundió ideas como el sufragio universal masculino y la secularización desde 1849, influyendo en sectores urbanos e intelectuales pese a su escasa representación parlamentaria.
Crisis Económica
La crisis económica agravó la situación: las inversiones ferroviarias habían generado una fuerte deuda, bancos y empresas colapsaron y las malas cosechas de 1867-1868 elevaron precios y desempleo, aumentando la conflictividad social.
La combinación de crisis política, ideológica y económica explica el estallido revolucionario que puso fin al reinado de Isabel II y abrió un nuevo ciclo constitucional.
Desarrollo de la Revolución de 1868 y la Constitución de 1869
La revolución estalló con el pronunciamiento de Topete en Cádiz (18 de septiembre de 1868). La ciudad fue controlada por demócratas y progresistas, mientras Prim y Serrano formaban la primera junta revolucionaria. La insurrección se extendió a puertos como Ferrol y Cartagena, y las tropas isabelinas fueron derrotadas en el Puente de Alcolea. Isabel II huyó a Francia.
Las juntas revolucionarias proclamaron reivindicaciones como sufragio universal masculino, libertad de prensa y culto, y derecho de asociación. Tras semanas de incertidumbre, la junta de Madrid nombró a Serrano presidente de un Gobierno Provisional, que trató de controlar a las milicias populares, aunque aceptó algunas de sus demandas. La guerra de Cuba impidió abolir los quintos y el impuesto al consumo, lo que generó tensiones.
El Partido Demócrata se dividió entre monárquicos y republicanos federales, estos últimos ganando fuerza en las elecciones municipales de diciembre de 1868. En enero de 1869 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, que elaboraron la Constitución de 1869:
- Reconocía amplias libertades individuales.
- Mantenía el carácter confesional del Estado.
- Establecía una monarquía constitucional con un rey árbitro y Cortes bicamerales.
Tras su aprobación, Serrano asumió la regencia y Prim la presidencia del gobierno. La búsqueda de un nuevo monarca culminó con Amadeo de Saboya (1870), pero la muerte de Prim dejó al rey sin apoyo. El reinado de Amadeo estuvo marcado por divisiones, la tercera guerra carlista y la falta de apoyo social, hasta que abdicó en 1873, abriendo el camino a la Primera República.
La Primera República Española (1873-1874)
Proclamada en febrero de 1873, la Primera República duró apenas un año debido a la debilidad de los partidos monárquicos tras la abdicación de Amadeo y la fuerte oposición de carlistas, moderados y sectores tradicionales.
Divisiones Internas y Crisis de Gobierno
El republicanismo se dividía entre federalistas (Pi i Margall), unitarios (Castelar, Salmerón) e intransigentes, origen del cantonalismo. La proclamación se produjo en un clima de presión popular y desórdenes. Estanislao Figueras presidió el primer gobierno, pero surgieron rápidamente tensiones. Las elecciones de mayo de 1873 dieron mayoría a los republicanos, aunque con más del 60% de abstención.
Pi i Margall impulsó un proyecto federal, pero la insurrección cantonalista en ciudades como Alcoy y Cartagena bloqueó las Cortes. Pi dimitió y fue sustituido por Salmerón, que priorizó el orden público, recurrió al ejército y dimitió por negarse a firmar sentencias de muerte. Castelar gobernó por decreto, reforzó el ejército y cerró el parlamento.
Al perder una moción de confianza en enero de 1874, el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes.
Finalmente, Serrano asumió una dictadura provisional centrada en la guerra carlista, con las Cortes cerradas y la Constitución suspendida. Así terminó la Primera República, reflejo de la profunda división política y social del siglo XIX.
La Restauración Borbónica: Bipartidismo y Turnismo (1874-1902)
La Restauración fue diseñada por Cánovas del Castillo para garantizar estabilidad tras el fracaso republicano. El proceso se inició con el Manifiesto de Sandhurst (1874), que defendía la continuidad dinástica, el liberalismo político y la religión católica. El pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto devolvió la Corona a Alfonso XII, recibido con entusiasmo en 1875.
Bases del Sistema Canovista
La Constitución de 1876 instauró una monarquía constitucional moderada. La Corona actuaba como poder arbitral; las Cortes eran bicamerales; y los derechos eran más restrictivos que en 1869, aunque se mantenía cierta tolerancia religiosa. El sufragio volvió a ser censitario hasta 1881, cuando se restableció el sufragio universal masculino.
La innovación clave fue el bipartidismo y el turnismo entre conservadores (Cánovas) y liberales (Sagasta). La manipulación electoral mediante encasillado y pucherazo garantizaba mayorías al partido gobernante, apoyado por caciques locales y redes clientelares que controlaban a una población mayoritariamente analfabeta.
El reinado de Alfonso XII estuvo marcado por el fin de la Tercera Guerra Carlista (1876) y la Paz del Zanjón (1878) en Cuba, que abolió la esclavitud pese a la oposición del lobby antillano. Tras su muerte, la regencia de María Cristina (1885-1902) comenzó con el Pacto de El Pardo, que aseguró la continuidad del sistema y abrió un Parlamento Largo con reformas como la ley de asociaciones (1887), la implantación del sufragio universal masculino y los jurados populares.
La muerte de Cánovas (1897) y el Desastre del 98 debilitaron el sistema, iniciando una crisis prolongada.
La Crisis de 1917: Desafíos al Sistema de la Restauración
La crisis de 1917 fue uno de los momentos más graves de la Restauración, al confluir simultáneamente problemas militares, sociales y políticos. Las juntas militares, los sindicatos y la oposición parlamentaria actuaron como movimientos disidentes del sistema, pero la falta de coordinación impidió su éxito.
Los Tres Frentes de la Crisis
- Crisis Militar: Las Juntas de Defensa. El detonante fue la detención del coronel Benito Márquez, líder de la Junta de Defensa de Barcelona, en junio de 1917. La presión del ejército llevó al rey a sustituir al gobierno liberal de García Prieto por el conservador de Eduardo Dato, que liberó a Márquez y decretó el estado de excepción.
- Crisis Política: La Asamblea de Parlamentarios. La negativa de Dato a abrir las Cortes impulsó a los diputados de la Lliga a convocar la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, con la participación de 68 diputados, entre ellos Lerroux, Melquiades Álvarez y Pablo Iglesias. Su objetivo era formar un Gobierno de Concentración Nacional y abrir un proceso constituyente, pero la falta de liderazgo (Maura se negó a encabezar un movimiento republicano o socialista) permitió al gobierno disolver la Asamblea.
- Crisis Social: La Huelga General. En agosto, CNT y UGT lanzaron la huelga general revolucionaria, pero el ejército apoyó al gobierno y reprimió los disturbios. Los líderes sindicales, como Largo Caballero y Besteiro, fueron condenados a cadena perpetua.
Las consecuencias fueron profundas: el rey suspendió el turnismo, se formaron Gobiernos de Concentración Nacional, y la burguesía catalana (con Cambó) apoyó a la Corona frente al movimiento obrero. La huelga de La Canadiense (1919) paralizó el país…
El Golpe de Estado y la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923 fue consecuencia de la crisis del sistema de la Restauración, incapaz de mantener gobiernos estables frente a los grandes desafíos: la violencia social en Barcelona y la política colonial en Marruecos. El Manifiesto del 13 de septiembre criticaba duramente a la clase política turnista, aunque sin ofrecer una alternativa clara, pero fue recibido con esperanza por amplios sectores sociales.
Causas Inmediatas del Golpe
Las causas inmediatas fueron:
- La tensión social del Trienio Bolchevique (1918-1921), con violencia anarquista y patronal en Barcelona, y el auge de grupos nacionalistas independentistas.
- La incapacidad de los gobiernos para controlar la situación, que derivó en medidas autoritarias como la Ley de Fugas o el somatén, debilitando la confianza en el Estado liberal.
- El descontento militar tras el Desastre de Annual (1921) y la gestión del Informe Picasso, que señalaba responsabilidades en altos mandos y apuntaba al propio Alfonso XIII.
El malestar culminó con la reunión del “Cuadrilátero” de generales en septiembre de 1923, preparando el golpe. El 13 de septiembre, Primo de Rivera se sublevó con apoyo de las guarniciones de Madrid y Zaragoza. La opinión pública y la prensa lo recibieron como un “cirujano de hierro” capaz de regenerar la política. Intelectuales como Ramiro de Maeztu y sectores del PSOE y la UGT aceptaron colaborar, mientras Alfonso XIII legitimaba la dictadura, siguiendo el ejemplo italiano de Víctor Manuel con Mussolini.
El Directorio Militar (1923-1925)
Se instauró el Directorio Militar (1923-1925), que suspendió la Constitución y prohibió partidos y sindicatos, salvo PSOE y UGT. Sus objetivos principales fueron:
- Desmantelar el caciquismo, con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo (1924), que introdujo voto secreto y permitió votar a mujeres cabeza de familia.
- Centralizar el Estado, eliminando la Mancomunidad de Cataluña y restringiendo lenguas regionales.
- Resolver la cuestión marroquí, logrando un éxito militar en el desembarco de Alhucemas (1925) junto a Francia.
La dictadura se presentó como provisional y regeneracionista, pero acabó consolidando un régimen autoritario que debilitó aún más la monarquía constitucional.
El Directorio Civil (1925-1930) y la Crisis Final
Tras el éxito militar en Alhucemas (1925), Primo de Rivera instauró el Directorio Civil (1925-1930) con la intención de preparar una transición constitucional mediante una Asamblea Consultiva. El proyecto fracasó porque la oposición y la vieja política se negaron a colaborar con una institución nacida de la dictadura. Ante la parálisis política, el régimen se centró en la economía y la política social, alcanzando sus mayores logros.
Política Económica y Social
En el plano económico, se sustituyó el libre comercio por un modelo proteccionista, favorable a las burguesías vasca y catalana. Se impulsaron grandes obras públicas, como la red nacional de carreteras, y se crearon empresas estatales estratégicas: CAMPSA, Iberia, CASA y Telefónica. La introducción de un impuesto progresivo sobre la renta permitió triplicar el presupuesto estatal y financiar mejoras en educación, sanidad y vivienda. La renta media creció un 40% en siete años, favoreciendo a la clase media urbana.
En el ámbito social, se implantó un modelo corporativo inspirado en el fascismo italiano, con comités de fábrica, provincia y Estado que integraban empresarios y trabajadores para regular las relaciones laborales. La UGT participó inicialmente, desplazando a los sindicatos católicos, pero rompió con el régimen cuando se limitó su autonomía en la Asamblea Consultiva. Se ampliaron además las prestaciones sociales, como seguros de accidentes, viviendas públicas y escuelas sociales.
Caída de la Dictadura
A partir de 1928, la dictadura entró en crisis. La Sanjuanada (1926) evidenció la división del ejército, y la disolución del cuerpo de artillería quebró la lealtad militar. El fracaso de la Asamblea Consultiva y la entrada de opositores como Unamuno y Sánchez Guerra minaron la legitimidad del régimen. La devaluación de la peseta puso fin al auge económico y aumentó la conflictividad social y universitaria.
En enero de 1930, Primo de Rivera dimitió. Alfonso XIII encargó a Berenguer formar la llamada Dictablanda, que restableció partidos y concedió amnistías, pero resultó anacrónica. La incapacidad de organizar elecciones generales y el Pronunciamiento de Jaca (1930), con mártires republicanos, debilitó aún más la monarquía. El gobierno de Aznar, formado por viejos dinásticos, afrontó las elecciones municipales de 1931, en las que la abstención monárquica abrió paso pacíficamente a la Segunda República.