Las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855

1. EL PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN
CONCEPTO
La desamortización es la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, bien eclesiástica y bien civil, que, tras su correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición.
En la desvinculación, los bienes se hacen libres en sus mismos poseedores, como pasó con los mayorazgos, mientras que, en la desamortización, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, bajo cuyo dominio son bienes nacionales, el Estado los vende a particulares y al adquirirlos los compradores se hacen bienes libres.

CRONOLOGÍA


El proceso desamortizador se aplicó en los periodos de gobierno progresista bajo las regencias de María Cristina y Espartero y durante el Bienio Progresista (1854-1856) reinando ya Isabel II.

ANTECEDENTES


Durante el reinado de Carlos III, ilustrados como Jovellanos critican la amortización de bienes
raíces y le achacaban el ser la principal causa del estancamiento agrario.
En el Antiguo Régimen, una gran parte de la tierra era de manos muertas que no podían ser vendidas por sus titulares, estaban fuera del mercado y por ello, no podían ser mejoradas. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas.
En los tiempos de Godoy, la política belicista y el crecimiento brutal de la deuda pública obligaron a iniciar una desamortización de bienes municipales y eclesiales cuando se obtuvo el permiso de la Santa Sede para expropiar y vender los bienes de los jesuitas y de obras pías.
Las Cortes de Cádiz llevaron a cabo legislaciones que contemplaban la supresión de los conventos y órdenes religiosas y la puesta en venta de sus propiedades. Pero la restauración del absolutismo significó la abolición de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes.
De nuevo en el Trienio Liberal, volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero cuando se volvíó a restaurar el régimen absolutista, Fernando VII obligó a destruir los bienes vendidos.
Por tanto, será tras su muerte cuando los liberales (progresistas) pongan en marcha la maquinaria jurídica económica, capaz de poner en venta grandes cantidades de tierra y transformar radicalmente la propiedad de la tierra.


1.1. LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL
Los progresistas accedieron al poder en 1836, por la presión de un pronunciamiento militar
(El motín de la Granja) y serán ellos los que verdaderamente inicien la revolución liberal.
El programa de Mendizábal, ministro de Hacienda de la regente María Cristina, incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834, por otra más amplia; el restablecimiento de la libertad de imprenta y otros derechos fundamentales; sobre todo fue el principal responsable de la ley de desamortización eclesiástica más importante apoyada en España. OBJETIVOS DE LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL
– Objetivo financiero: buscar ingresos para pagar la deuda pública del Estado, tanto a nacionales como a extranjeros. Así quedarían resueltos los problemas de Hacienda y, además, se obtendrían recursos económicos para costear la guerra contra los carlistas.
– Objetivo político: ampliar el número de simpatizantes al liberalismo y crear un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino.
– Objetivo social: crear una clase media de campesinos propietarios, que diera estabilidad al régimen liberal también en el mundo rural. EL PROCESO DESAMORTIZADOR
Poco antes de la subida al poder de Mendizábal se aprobaron dos reales decretos mediante los cuales se suprimía definitivamente la Inquisición y se abolía de nuevo en España la compañía de Jesús. Los bienes de ambas instituciones se dedicaron a la extinción de la deuda pública. En el mismo mes se decretó la supresión de conventos y monasterios con menos de doce profesos.
Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas, otro decreto, declaraba en venta todos los bienes de las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen en el futuro. RESULTADOS : En total, se habían vendido propiedades por valor de 3274 millones de reales. Se desamortizaron el 62% de las propiedades de la iglesia. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220%, sobre el precio de salida. Además, comprar era un gran negocio, sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado y se admitía para el pago los títulos de deuda por su valor nominal.
Aunque los moderados paralizaron el decreto de desamortización durante la década en la que gobernaron en solitario, en realidad ya quedaba muy poco eclesiástico que nacionalizar.
CRÍTICAS AL PROCESO
Entre los que se opusieron a Mendizábal destacó Flórez Estrada, que se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario.


1.2. LA DESAMORTIZACIÓN DE Madoz
La segunda gran desamortización se inició de nuevo con los progresistas en el poder al
que habían accedido a través de un pronunciamiento militar. LA LEY DE Madoz DE 1855
A Ley de Madoz, se le llamó también “desamortización general”, porque ahora ya no solo se trataba de los bienes de la iglesia, sino de todos los amortizados, es decir, de los pertenecientes al estado, municipios…Por esta desamortización, se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes a manos muertas que no lo habían sido en anteriores desamortizaciones, pero de todos ellos, los  
 más importantes eran los bienes que pertenecían a los municipios, tanto los propios (propiedad del pueblo en su conjunto), como los comunes, (que eran también del pueblo, pero podían ser disfrutados personal e individualmente por los vecinos del mismo para llevar al ganado a pastar o para recoger leña) . OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS.
La finalidad de la Ley de Madoz era la de obtener medios económicos para el Estado. Para vender los bienes desamortizados, se utilizó también el procedimiento de la subasta pública para su venta, pero el pago se podría hacer en metálico y en un plazo de 15 años, con un descuento del 5% sobre los plazos adelantados.RESULTADOS.
Esta ley se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9000 urbanas, por un valor de unos 8000 millones de reales.

1.3. CONSECUENCIAS DEL PROCESO DESAMORTIZADOR.
En primer lugar, supuso el desmantelamiento casi completo de la iglesia y de sus fuentes de riquezas. El diezmo se suprimíó en 1837 y más tarde se volvíó a restablecer, pero ya la iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado.
En segundo lugar, se eliminó la propiedad comunal, lo que provocó un agravamiento de la situación económica de los campesinos, que desde entonces no pudieron utilizar los terrenos comunes del municipio, lo que forzó a una gran parte de la población a emigrar a las ciudades.
En tercer lugar, la desamortización no resolvíó el problema de la deuda, pero si lo atenuó. Solo con la segunda desamortización y el desarrollo económico se disminuiría drásticamente, aunque siempre quedó una parte de ella consolidada hasta el Siglo XX.
En cuarto lugar, la desamortización no produjo un aumento de la producción agraria. Los nuevos propietarios, en general, se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron.
En quinto lugar, la compra de las tierras, inutilizó un dinero líquido que hubiera sido de vital importancia para poner en práctica la incipiente industrialización de España.
En sexto lugar, la desamortización produjo una gran pérdida y expolio de los bienes culturales de los antiguos monasterios, sobre todo.


En séptimo lugar, la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuando el latifundismo en Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a gentes, amigos de políticos, caciques etc. Que constituirán la nueva clase terrateniente que tendrá el poder durante el reinado de Isabel II.
En octavo lugar, tuvo consecuencias en el terreno urbanístico. La desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador: la alta burguésía acabó en los mejores edificios del centro, las clases medias en viejas viviendas y los obreros en la periferia. Los conventos se convirtieron en edificios públicos o fueron derribados para construir grandes plazas.

2. LOS CAMBIOS AGRARIOS EN LA ESPAÑA DEL Siglo XIX.
El panorama que ofrece la economía española durante el reinado de Isabel II y general durante todo el Siglo XIX es el de estancamiento económico.

Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, afirmamos que todos los cambios que se introducen a lo largo de la primera mitad del Siglo XIX como la eliminación de los mayorazgos, la libertad de cercamiento de tierras, la acumulación de la propiedad de la tierra y el reforzamiento de los latifundios y minifundios, no se tradujeron en innovaciones en las técnicas agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización.
La desamortización también supuso la decadencia de la cabaña ganadera, porque muchas de las tierras que habían servido de pastos se cultivaron.
La población agrícola se mantuvo en permanente amenaza de hambre a causa de las malas cosechas o de plagas que encarecieron el precio del trigo repercutiendo en la capacidad de compra del campesinado que utiliza más del 50% de su presupuesto en la compra del pan.
En definitiva, estamos ante una agricultura estancada que ni suministraba mano de obra a la industria por su falta de mecanización, ni materia prima suficiente para los productos fabriles, ni capitales para invertir en la industrialización.

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