Entre Diciembre de 1931 y Septiembre de 1933, el gobierno presidido por Manuel Azaña e integrado mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas impulsó un programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española.En la cuestión religiosa, uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española.
Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, lo cual estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, se permitíó el divorcio y el matrimonio civil. Además, el temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían en la educación, llevó al gobierno a prohibirles la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones (Mayo 1933) que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y prevíó la posibilidad de disolución en caso de peligro para el Estado.Una buena parte de los sectores católicos percibíó la nueva legislatura como una agresión al catolicismo. La jerarquía eclesiástica no tardo en mostrar su desacuerdo con la República, movilizando a los católicos en su contra. Destacamos la actitud manifestante hostil del cardenal Segura (arzobispo de Toledo) y del obispo de Vitoria, que provocó que el gobierno tomase medidas de fuerza y dictase su expulsión del territorio.La modernización del ejército también estaba dentro de los planes de esta segunda república. Manuel Azaña, que desde la presidencia del gobierno asumíó la cartera de Defensa, impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931) que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Buena parte del ejército aceptó la oferta. Asimismo, se redujo el nombre de oficiales, se cerró la Academia Militar de Zaragoza y se clausuraron las Capitánías Generales y la prensa del ejército. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República.La reforma tuvo resultados limitados. Disminuyeron los gastos del ejército pero esto dificultó la modernización del material, del armamento y de los equipamientos. Además, la reforma fue concebida por algunos sectores, en especial los africanistas, como una agresión a la tradición militar y del ejército; lo cual llevó a un desacuerdo con la República.
La reforma agraria fue el proyecto de mayor envergadura. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo (propia del centro y sur de España) y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Esta reforma era muy importante teniendo en cuenta que, en 1931, la población activa era de unos 8,5 millones de personas, y casi la mitad trabajaba en la agricultura, de las cuales, unos 2 millones era pequeños y medianos propietarios. Así mismo en Andalucía, Castilla y Extremadura, más del 50% de la tierra era de grandes propietarios.Una serie de primeros decretos tenían la finalidad de proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios les prohibieron la anulación de contratos de arrendamiento.También fijaron una jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo.Pero la verdadera reforma consistía en la Ley de la Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en Septiembre de 1932. El objetivo era modernizar la agricultura. La ley permitía expropiar sin indemnizar las tierras de una parte de la nobleza, mientras las cultivadas deficientemente o las que no eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.La aplicación fue puesta en marcha por el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaban de facilitar los asentamientos de las familias campesinas. Los resultados iniciales fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron menos familias de los previsto inicialmente. Las razones de ese fracaso estarían en la complejidad de esta ley, lentitud y dificultades burocráticas, falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios.La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó tensión social. Por un lado los grandes propietarios se opusieron a la reforma y se aliaron a partidos contra la República. Y por otro lado, los campesinos se quedaron decepcionados con los resultados al ver frustradas sus esperanzas con la República; estos se aliaron a fuerzas más revolucionarias y de enfrentamiento a las fuerzas de orden (ocupación de tierras, incendios a cortijos, enfrentamientos con la Guardia Civil…)
Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, lo cual estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, se permitíó el divorcio y el matrimonio civil. Además, el temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían en la educación, llevó al gobierno a prohibirles la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones (Mayo 1933) que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y prevíó la posibilidad de disolución en caso de peligro para el Estado.Una buena parte de los sectores católicos percibíó la nueva legislatura como una agresión al catolicismo. La jerarquía eclesiástica no tardo en mostrar su desacuerdo con la República, movilizando a los católicos en su contra. Destacamos la actitud manifestante hostil del cardenal Segura (arzobispo de Toledo) y del obispo de Vitoria, que provocó que el gobierno tomase medidas de fuerza y dictase su expulsión del territorio.La modernización del ejército también estaba dentro de los planes de esta segunda república. Manuel Azaña, que desde la presidencia del gobierno asumíó la cartera de Defensa, impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931) que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Buena parte del ejército aceptó la oferta. Asimismo, se redujo el nombre de oficiales, se cerró la Academia Militar de Zaragoza y se clausuraron las Capitánías Generales y la prensa del ejército. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República.La reforma tuvo resultados limitados. Disminuyeron los gastos del ejército pero esto dificultó la modernización del material, del armamento y de los equipamientos. Además, la reforma fue concebida por algunos sectores, en especial los africanistas, como una agresión a la tradición militar y del ejército; lo cual llevó a un desacuerdo con la República.
La reforma agraria fue el proyecto de mayor envergadura. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo (propia del centro y sur de España) y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Esta reforma era muy importante teniendo en cuenta que, en 1931, la población activa era de unos 8,5 millones de personas, y casi la mitad trabajaba en la agricultura, de las cuales, unos 2 millones era pequeños y medianos propietarios. Así mismo en Andalucía, Castilla y Extremadura, más del 50% de la tierra era de grandes propietarios.Una serie de primeros decretos tenían la finalidad de proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios les prohibieron la anulación de contratos de arrendamiento.También fijaron una jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo.Pero la verdadera reforma consistía en la Ley de la Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en Septiembre de 1932. El objetivo era modernizar la agricultura. La ley permitía expropiar sin indemnizar las tierras de una parte de la nobleza, mientras las cultivadas deficientemente o las que no eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.La aplicación fue puesta en marcha por el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaban de facilitar los asentamientos de las familias campesinas. Los resultados iniciales fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron menos familias de los previsto inicialmente. Las razones de ese fracaso estarían en la complejidad de esta ley, lentitud y dificultades burocráticas, falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios.La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó tensión social. Por un lado los grandes propietarios se opusieron a la reforma y se aliaron a partidos contra la República. Y por otro lado, los campesinos se quedaron decepcionados con los resultados al ver frustradas sus esperanzas con la República; estos se aliaron a fuerzas más revolucionarias y de enfrentamiento a las fuerzas de orden (ocupación de tierras, incendios a cortijos, enfrentamientos con la Guardia Civil…)